El juzgado de La Palma abre juicio oral contra el alcalde de Bollullos por un delito continuado de desobediencia a la autoridad

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Díaz Ojeda, alcalde de Bollullos, durante un acto en su localidad.

Díaz Ojeda, alcalde de Bollullos, durante un acto en su localidad.

El juzgado de instrucción de La Palma del Condado ha abierto juicio oral contra el alcalde de Bollullos del Condado, el independiente y en su día transfuga de IU Francisco Díaz Ojeda, por un delito continuado de desobediencia a la autoridad.

La apertura de este juicio oral contra el alcalde se debe al incumplimiento que Díaz Ojeda ha realizado de distintas resoluciones judiciales en las que el Ayuntamiento de Bollullos estaba obligado a readmitir a 40 trabajadores despedidos en el año 2009.

La justicia consideró nulos los despidos, al entender que se habían realizado por motivos políticos tras la llegada a la Alcaldía de los independientes encabezados por Díaz Ojeda, para lo que contaron con el apoyo del Partido Popular, con el que cogobierna el municipio.

A pesar de los requerimientos judiciales para se produjera la readmisión efectiva de los trabajadores, el Ayuntamiento de Bollullos ha esgrimido la imposibilidad de poder hacerlo.

El alcalde tiene que hacer frente a una fianza de 484.000 euros, que en el caso de no ser satisfecha supondría tener que hacer frente a la misma con sus bienes personales y familiares.

FISCALÍA

En octubre de este año era la Fiscalía la que solicitaba una multa diez meses de multa a razón de diez euros de cuota diaria, que asciende a la cantidad de 3.050 euros, y dos años de inhabilitación especial para cargo público de alcalde de Ayuntamiento, al alcalde de Bollullos Par del Condado, el independiente Francisco Díaz, al que acusa de un delito continuado de desobediencia de autoridad a dar cumplimiento a resoluciones judiciales, al considerar la Fiscalía que el primer edil “ha hecho caso omiso de los requerimientos judiciales” tras no readmitir a trabajadores despedidos pese a contar con sentencias que calificaban “nulos” estos despidos por discriminación.

Según reza en el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al 20 de enero de 2009 cuando en un pleno municipal se declararon inválidos los contratos de unos 40 trabajadores –que habían sido contratados por el anterior alcalde– con derecho a recibir una indemnización como despidos improcedentes. Sin embargo, señala el fiscal, posteriormente a dichos ceses, “se contrataron por parte del Ayuntamiento a otras personas para ocupar los puestos de trabajo que éstos habían dejado libres”.

Así, frente a estos despidos, los trabajadores formularon las correspondientes demandas, dictándose sentencias por las se calificaban “nulos” por discriminación y condenaba a dicho Ayuntamiento a la readmisión de los mismos y al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta su readmisión.

Pese a que por parte del Ayuntamiento de la localidad se anunció la interposición de recursos de suplicación contra varias de las sentencias dictadas, finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestimó estos recursos, sin embargo la Fiscalía considera que el alcalde “ha hecho caso omiso de estos requerimientos” sin cumplir lo dispuesto en las referidas resoluciones judiciales, de forma que estos trabajadores ni han sido readmitidos ni indemnizados.

De igual modo, la Fiscalía recuerda que como el acusado en aquellas fechas continuaba sin dar cumplimiento a estas sentencias, de nuevo se convocó una comparecencia ante el juzgado en relación a todas las ejecutorias indicadas, dictándose un auto en el que se declaraba al alcalde como responsable de realizar cuantas gestiones fueran necesarias y oportunas para dar cumplimiento a estas sentencias.

Y todo ello bajo apercibimiento expreso de que, de no dar cumplimiento a la expresada resolución, nuevamente se deduciría testimonio de los particulares, por lo que ahora el Ministerio Fiscal para el acto de la nueva vista cita a todos los trabajadores ante la posible comisión de este delito continuado de desobediencia a la autoridad por parte del primer edil de Bollullos, y solicita examen del acusado y una hoja histórico penal actualizada del mismo.

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