Segunda ronda de reuniones en el contrato formal de salida de Rural de Extremadura del Grupo Cooperativo Ibérico

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Después de que se celebrara en Madrid la primera de las reuniones de trabajo para redactar el contrato formal para una salida ordenada de Caja Rural de Extremadura del SIP Grupo Cooperativo Ibérico (integrado también por Rural del Sur y Rural de Córdoba) está convocada para este lunes, en Sevilla, la segunda ronda de reuniones de las dos Comisiones que quedaron ya establecidas tras el primer encuentro. Por un lado, una Comisión Económica y, por otro, una de carácter jurídico.

La Comisión Económica deberá aguardar al cierre de las cuentas anuales al 31 diciembre y que éstas. previamente, hayan sido auditadas a fin de que los técnicos puedan cerrar los términos del desenganche económico sobre unos números contrastados y avalados por unos auditores externos ya que es un condicionamiento necesario en la normativa de entidades financieras, a fin de que los respectivos Consejos Rectores den su obligado visto bueno al contrato definitivo en base a unas cuentas anuales que ya vengan con el visto bueno preceptivo de la auditoria que se hace en las tres entidades que conforman todavía el Grupo Cooperativo Ibérico (incluida, por supuesto, la Rural de Córdoba, además de la Extremadura y Rural del Sur).

Por su parte, la otra comisión de carácter jurídico que quedó acordada en la reunión de Madrid, tiene que cerrar todos los términos que entrañan esta salida ordenada que fue pactada y aprobada por los respectivos Consejos Rectores, en su momento, que sería de mutuo acuerdo. Para ello se hace necesario que todos los mismos puntos que estaban reflejados en el extenso documento que formalizó el Sistema Institucional de Protección (SIP), sobre el que se creó el Grupo Cooperativo Ibérico, estén consensuados por ambas partes, teniendo en cuenta que es la primera vez en España en que se produce la salida de uno de los integrantes de un SIP que fue formalizado hace tan sólo tres años y no existen precedentes jurídicos sobre los que se puedan establecer términos comparativos de una situación idéntica a la que se ha dado, puesto que hay que volver a deshacer contratos y compromisos adquiridos de permanencia que establecían contrapartidas muy rígidas para las tres entidades que decidieron, por iniciativa en su día de la misma caja extremeña, formalizar el Grupo Cooperativo Ibérico.

Por tanto, la formalización, tanto económica como jurídica, de una salida ordenada de Caja Rural de Extremadura tiene que hacerse sobre la base de unas cuentas anuales que sean previamente auditadas como que los términos del nuevo contrato reflejen de una manera justificada y razonada la decisión del no cumplimiento del contrato de constitución del Grupo Cooperativo Ibérico, lo que ya en el 2011, cuando se formalizó también, requirió la aprobación tanto de los respectivos Consejos Rectores como de las Asambleas y el visto bueno del Banco de España. Por la propia seguridad jurídica, y al margen de la decisión ya adoptada de la voluntad de autorizar la salida SIP de la Rural de Extremadura, las reuniones que ahora se están celebrando son fundamentales para que sean los mismos órganos que en su día aprobaron la constitución del Sistema Institucional de Protección –y que su puesta en marcha requirió de una nueva configuración organizativa y de funcionamiento interno de las tres cajas firmantes- los que ahora puedan dar la aprobación a los términos de esta salida ordenada y que lo acordado esté tan bien fundamentado para que el Banco de España, que hasta la fecha no se ha pronunciado, autorice la propuesta que se le va a presentar por los representantes del Grupo Cooperativo Ibérico, los consejos rectores de las tres Cajas Rurales que son, en definitiva, los que asumen la responsabilidad de acordar el contrato final y que el mismo se ha hecho de mutuo acuerdo, como quedó acordado en el protocolo firmado en el mes de abril y aprobado por las respectivas asambleas para dar respuesta a la petición formulada por los representantes de Rural de Extremadura de salirse, antes de los diez años que se fijó en el contrato de integración, del Sistema Institucional de Protección.

 

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