El decreto contra la Exclusión Social genera en Huelva más de 500 contrataciones

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El Decreto-Ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes de Lucha contra la Exclusión Social en Andalucía ha permitido que se lleven a cabo unas 509 contrataciones en la provincia de Huelva y se espera que una vez presenten los datos todos los Consistorios, –tienen de plazo hasta mayo de 2014–, esta cifra se triplique llegando hasta las 1.500 contrataciones.

Así lo ha puesto de manifiesto en una entrevista a Europa Press la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, Lourdes Martín, que ha explicado que hasta la fecha han justificado el montante recibido y el número de empleos generado un total de 35 ayuntamientos del total de 79 Consistorios onubenses.

En Huelva, todos los ayuntamientos de los 79 municipios solicitaron adherirse a las ayudas contempladas en el programa, dotado en su totalidad con 5,4 millones de euros. Aunque aún no se puede realizar un balance del número de contrataciones que se han realizado porque el límite para la justificación por parte de los consistorios es mayo de 2014, Martín ha adelantado que hasta la fecha y con datos de 35 municipios se han realizado 509 contratos.

De este modo, ha reiterado que “no es una cifra definitiva” puesto que están a la espera de la justificación del resto de ayuntamientos de la provincia ya que todos los entes locales se sumaron a esta iniciativa porque ante la actual coyuntura económica “todos los alcaldes, sean del color político que sean, no han querido dejar pasar el carro de poder crear empleo” en sus respectivos municipios y sobre todo realizar contrataciones a personas en riesgo de exclusión social.

Asimismo, Martín ha recordado que la Junta destinó un total de 5,4 millones de euros para la consecución de este decreto y al apartado de la ayuda a la contratación destinó de este total unos 2,5 millones de euros.

De otro lado, la delegada ha precisado que otros de los pilares de este decreto, que se prorrogará en 2014, ha sido el mantenimiento de los empleos que genera la ayuda a domicilio. A este fin se destinaron 1,9 millones de euros al objeto de “paliar el déficit de horas mensuales para los beneficiarios de la ayuda a domicilio impuesto por el Gobierno”.

En este sentido, ha explicado que el Ejecutivo marcó “la rebaja” en 20 horas del total de 90 horas mensuales que recibían los usuarios de este servicio y la Junta, para que “no se produjera esta merma” tanto en la asistencia como en el empleo, compensó esas horas.

GARANTÍA ALIMENTARIA

En otro orden de cosas, ha hecho balance de las medidas puestas en marcha gracias a este decreto, que ha garantizado “una alimentación adecuada a más de 4.000 menores en la provincia”, ha indicado Martín, que ha valorado así la puesta en marcha del Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria, el cual trata de poner al alcance de las familias en situación más difícil los mecanismos para poder hacer frente a la necesidad básica de alimentación.

En concreto, ha señalado que a las ayudas a la Garantía Alimentaria se dedicó una partida de 1,1 millones de euros, que se destinó “fundamentalmente” a establecer unos menús bonificados para los centros de participación activa de la provincia, que son once.

Además, se pusieron en marcha las escuelas de verano y comedores escolares para “garantizar que todos los menores tengan tres comidas diarias” debido a que se detectó que muchos niños solo realizaban el almuerzo en el comedor escolar, siendo esta “su única” comida diaria.

En total unos 13.800 niños onubenses utilizan el servicio de comedor escolar, de los cuales el 60 por ciento lo tiene bonificado al cien por cien, y de este porcentaje, es decir, unos 4.000 menores, tienen garantizadas las tres comidas al día.

Dentro de este apartado del decreto, ha destacado la ampliación de las Ayudas Económicas a las familias, con una cantidad de 252.000 euros, que se articulan a través de convenios con las entidades locales y son prestaciones temporales, dinerarias o en especie, de carácter preventivo, que se conceden a familias para la atención de las necesidades básicas de menores a su cargo cuando carecen de recursos.

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