La paralización de la Ley Antidesahucio no afectará a la familia de Huelva acogida a la misma

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La paralización por el Tribunal Constitucional de la denominada Ley antidesahucio de la Junta de Andalucía no afectará a la única familia de Huelva que hasta ahora se había visto favorecida por la misma.

La Junta de Andalucía tomó ya posesión de la vivienda, ubicada en la calle Alonso de Ercilla, Nº 7, 3ºB de Huelva, expropiada a una sociedad dedicada a la compraventa de activos inmobiliarios, para evitar el desahucio de la familia que reside en la misma. Lo que no podrá hacer la Junta es adoptar medidas de este tipo, al menos mientras que el TC no levante la paralización que hoy ha hecho pública.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno central contra la ley andaluza de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, lo que provoca su suspensión cautelar.

El recurso se dirigía en concreto contra el artículo 1 de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, por el que se da nueva redacción al artículo 1.3 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía y se introducen en ella los artículos 25 y 53.1.a), así como contra la disposición adicional primera de la mencionada Ley 4/2013; y ha procedido a su suspensión cautelar.

Los apartados impugnados por el Ejecutivo central y que ahora son suspendidos son los relativos a la “declaración de interés social a efectos de expropiación forzosa de la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social”; la “definición de viviendas deshabitadas” y la “clasificación de infracciones muy graves” para las entidades bancarias que no saquen estas viviendas al mercado del alquiler.

JUNTA DE ANDALUCIA

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, está preparando el informe para pedir al Tribunal Constitucional el levantamiento de la suspensión cautelar de los artículos recurridos por el Gobierno contra la Ley de función social de la vivienda, y ha anunciado que pedirá a los juzgados donde se instruyen procedimientos de ejecución hipotecaria que no ejecuten los desahucios hasta que el TC no tome una decisión en firme.

Cortés ha hecho esas peticiones tras conocer que el TC ha admitido a trámite el recurso del Gobierno central contra la ley andaluza de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, lo que provoca su suspensión cautelar.

La consejera, que ya anteriormente había anunciado que, una vez que el recurso fuera presentado y admitido a trámite por el TC, la Junta presentaría una solicitud formal para pedir que se levante la suspensión cautelar de los artículos recurridos, ha explicado a los medios que el Gobierno andaluz ya está preparando el informe para pedir el levantamiento de la suspensión cautelar que hace el TC aplicando una artículo de la Constitución “por el que se suspende cautelarmente la norma sin entrar en el fondo”.

En ese sentido, ha indicado que el TC tiene un plazo como máximo de cinco meses para levantar la suspensión cautelar, mientras que tiene “años” para decidir sobre el fondo.

Cortés ha explicado que su petición se formula “en atención a dos elementos fundamentales”, esto es, el hecho de que el recurso del Gobierno “provoca una desprotección máxima del derecho humano a la vivienda en Andalucía”, y, por otro lado, al hecho de que en Cataluña “opera una ley que permite sancionar a las viviendas deshabitadas y no pasa nada”.

Cortés considera que el recurso del Gobierno central “está más provocado por que al PP le molesta que haya alternativa y que IU sea Gobierno en Andalucía”.

Asimismo, ha indicado que “los primeros efectos” de la admisión de ese recurso será “dar campo libre a los especuladores, el Gobierno ha vuelto a claudicar ante la banca”.

Sobre las 39 expropiaciones ya efectuadas y pendientes de aprobación definitiva por Consejo de Gobierno, Cortés ha precisado que se van a dirigir a los juzgados que llevan esas ejecuciones hipotecarias pidiéndoles que “no se desahucie a nadie hasta que el TC no tome una decisión definitiva”.

La consejera ha indicado que esta suspensión no tiene carácter retroactivo, por lo que las dos primeras viviendas con las expropiaciones ya culminadas totalmente seguirán estando expropiadas por la Junta, mientras que sobre el resto “vamos a pedir a los juzgados que hasta que el TC no se pronuncie sobre la constitucionalidad de esta ley, los jueces no ejecuten esos desahucios de esas familias”.

Ha lamentado la actitud del PP “con este recurso de la vergüenza, presentado de manera clandestina, sin que ningún ministro del Gobierno haya dado la cara” y considera dicho recurso “un ataque a la soberanía del pueblo andaluz, en orden a su Estatuto y al Parlamento, pues se trata de una ley plenamente constitucional”.

Ha recordado que actualmente hay 39 expropiaciones temporales de uso efectuadas y otras 200 personas a las que se les estaban validando sus expedientes en las provincias”.

Cortés ha recordado que la ley ‘antidesahucios’ andaluza “era muy poderosa porque era disuasoria para todos los desahucios que se podían producir en Andalucía, porque los bancos entendían que si iniciaban una ejecución hipotecaria se podían enfrentar a una expropiación temporal del uso de esa vivienda”. “Es una ley que da poder al ciudadano frente a entidades financieras que están efectuando ejecuciones hipotecarias a pesar de haber sido rescatadas con dinero público”, destaca la consejera.

Además, reconoce que tenía la esperanza de que el PP “dialogara y tuviera cultura democrática, pues el Parlamento andaluz, en aras de la soberanía del pueblo andaluz, ha aprobado una ley”, pero lamenta que el Gobierno “presenta un recurso clandestino y de la vergüenza que desprotege a las familias y trabajadores que están siendo estafadas por esa estafa hipotecaria y da campo libre a los especuladores de la vivienda”.

Cortés ha recordado que en otras comunidades autónomas, el PP “está vendiendo el parque público de viviendas a ‘fondos buitre’, ese es el modelo del PP; mientras que en Andalucía, con IU en el Gobierno, la Junta se pone al lado de las clases trabajadoras y a las mujeres, protagonistas de la defensa de la dignidad de sus familias y de sus casas frente a un desahucio”.

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