El PSOE eleva a pleno una moción en contra de la reforma de la ley del aborto

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El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Huelva eleva al próximo pleno una moción para expresar su rechazo a la revisión de la ley vigente sobre el Aborto. El portavoz socialista Gabriel Cruz ha asegurado que “la legislación debe garantizar los derechos fundamentales de las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y no robarles la libertad lograda de decidir sobre su vida, devolviéndolas a siglos atrás”.

Según ha informado el PSOE en una nota, el dirigente socialista ha apuntado que “no tiene sentido reformar una ley que vino a sustituir a otra de hace 25 años y que supuso un importante avance en la protección de la mujer”.

Así, “la ley aún vigente fue debatida y consensuada con la mayoría de grupos políticos, contando con el apoyo de una treintena de expertos y considerando las recomendaciones de juristas y profesionales de la bioética y la sanidad”. Sin embargo, a su juicio, “esta reforma, que nos quieren imponer desde el Gobierno central, está causando un importante cisma social, incluso entre las propias filas del PP”.

En su opinión, “cuando una ley pretende eliminar derechos y libertades, dando lugar a un retroceso normativo, social e ideológico, choca contra una sociedad progresista que no quiere volver a que sus mujeres estén obligadas a la clandestinidad para poder elegir sobre su futuro”.

El portavoz ha señalado que “lo que nos propone el PP es perder derechos, libertades, seguridad y la capacidad de decisión de las mujeres. Es aún más retrógrada que la anterior a la que tenemos hoy día”, ha apostillado el edil.

Por ello, el grupo socialista, “preocupado por el retroceso en derechos que está sufriendo la sociedad”, exigirá en el pleno del Consistorio capitalino rechazar la revisión de la vigente legislación en España sobre salud sexual y reproductiva y sobre el ejercicio “libre y responsable” de la interrupción voluntaria del embarazo. Además, reclamará descartar cualquier iniciativa que “debilite la seguridad jurídica” en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, así como a garantizar el acceso a dicha interrupción en condiciones que “aseguren la protección y eficacia de los derechos de cualquier mujer que solicite la intervención al Sistema Nacional de Salud”.

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