IU propone que el Ayuntamiento de Cartaya se comprometa con el pequeño y mediano comercio

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Izquierda Unida ha presentado una moción en el Ayuntamiento de Cartaya para que éste declare su apoyo al pequeño y mediano comercio como un sector generador de empleo y de cohesión social y territorial, y adopte medidas concretas para su promoción. En la moción, que se debatirá en el Pleno de la Corporación del próximo viernes (31 de enero), IU propone que el Ayuntamiento establezca acuerdos con las asociaciones de comerciantes o tengan presencia de empresarios de ese sector para el desarrollo de campañas de promoción del pequeño y mediano comercio local, al tiempo que reclama al Parlamento andaluz la aprobación de un impuesto a las grandes superficies comerciales con el fin de garantizar en Andalucía acciones que propicien el mantenimiento de un comercio socialmente rentable y sostenible.

En Andalucía, 500.000 personas trabajan en el pequeño y mediano comercio. Frente a los intereses de miles de empresas andaluzas que generan empleo y que dan dinamismo económico y social a nuestros pueblos y ciudades, las grandes superficies comerciales en manos de grandes empresas generan en Andalucía algo más de 25.000 puestos de trabajo. El número total de establecimientos comerciales en la provincia de Huelva, según el Instituto de Estadística de Andalucía (IEA), supera los 9.000. Cartaya es un ejemplo claro de la implantación en los últimos diez años de grandes superficies comerciales, con el consiguiente efecto de retroceso del comercio tradicional.

Las últimas modificaciones legislativas del gobierno central que regulan horarios y rebajas comerciales profundizan en un marco legal que perjudica gravemente a los más de 165.000 establecimientos que conforman el pequeño y mediano comercio local en Andalucía. En la actual situación, estos establecimientos comerciales no podrán hacer frente a la competencia que representan las grandes superficies comerciales, en términos de jornadas interminables, ni en términos de precarización de condiciones laborales, ni en términos de reducción de precios.

Se hace necesaria por tanto la acción institucional en positivo, en la defensa de los pequeños comerciantes, en la defensa del empleo y en la defensa del papel que el sector ha tenido y tiene en la configuración de nuestros pueblos y ciudades.

 

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