El alcalde de Almonte, el popular José Antonio Domínguez Iglesias (PP), ha emitido un decreto por el que ha anulado una oposición después de que tres ciudadanos fueran propuestos para cubrir tres plazas temporales de auxiliar administrativo. Un hecho que las personas afectadas consideran «un robo social» sin entender los motivos que han llevado al alcalde a anular el proceso.
Según reza en los documentos a los que ha tenido acceso esta redacción, hasta el 7 de enero no se reunió el Tribunal Calificador –compuesto por el secretario del Ayuntamiento, la jefa de Personal y tres trabajadores municipales–, resolviendo al día siguiente con las calificaciones de los aspirantes y los tres nombres propuestos para ocupar estos puestos, sin embargo al día siguiente el alcalde emitió el Decreto 0096/2014.
Según se expone en el mismo, se anula este proceso selectivo por «discrepancias surgidas en el proceso de valoración y sobre la interpretación de los requisitos a valorar» y se incide en el hecho de «no valorar la entrevista personal y, por tanto, incurrir el proceso en una pérdida de garantías para los opositores al entender que no se garantiza el principio de mérito y de capacidad».
Del mismo modo se mencionan como argumentos «una posible vulneración del principio de igualdad» y una supuesta «discriminación en favor de candidatos que hayan prestado servicios en la administración pública».
En declaraciones a Europa Press, el alcalde asegura que el decreto se emitió el mismo día y que «hay elementos de nulidad de todos los aspirantes», indicando además que se ha emitido este decreto al considerar el proceso «injusto» para todos, así como que las plazas han vuelto a salir con los méritos y las bases del concurso y de la oposición «bien puestos para que no exista ninguna discriminación» porque, a su juicio, «se han valorado méritos y se ha realizado un examen práctico que tampoco tenía relación con el puesto».
De todas formas, no entiende «tanta repercusión» de este asunto y considera que «el PSOE está detrás de todo esto intentando convertir esto en un instrumento político» y «tapar» el hecho de que el Consejo Consultivo de Andalucía, órgano dependiente de la Junta, dictaminara como «nula de pleno derecho» la adquisición por parte del Ayuntamiento de Almonte de las participaciones de Exclusivas Doñana, propietaria del Campo de Golf Dunas de Doñana, en Matalascañas, cuando gobernaba Francisco Bella (PSOE).
La convocatoria se refería a la contratación temporal de tres auxiliares administrativos del grupo C2, con jornada a tiempo parcial, de 30 horas, con duración hasta el 30 de junio de 2015, con cargo al Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (Poctep), de fondos europeos.
Por todo ello los afectados, que se enteraron de su situación en el pleno municipal, realizarán una protesta el próximo viernes 31 de enero en la puerta del Ayuntamiento de Almonte contra la anulación de este decreto, para el que, según ha señalado uno de ellos, «no hubo reclamaciones».
En este sentido, aseguran no entender «por qué emite este decreto un día después», aunque creen que se debe a que «esperaba que salieran otros nombres», preguntándose de igual modo «¿por qué tardan un mes en darse cuenta y no lo anulan hasta que el tribunal no hace su propuesta de candidatos tras hacer todas las pruebas?».
