El IAM y las vocales en Huelva del CAP de las Mujeres rechazan la reforma de la Ley del Aborto

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IAM-CAPMLa coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Eva Salazar, dependiente de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, y las vocales en Huelva del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres han mantenido un encuentro para trasladar su postura común de rechazo a la reforma de la Ley del Aborto que plantea el Gobierno central, así como presentar el decálogo elaborado por el CAPM para difundir entre la ciudadanía sus principales argumentos en contra de esta medida.

El Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres es un organismo que representa a más de 2.000 asociaciones de mujeres en el conjunto de Andalucía. Su finalidad es la de canalizar las propuestas y aportaciones del movimiento asociativo en el ámbito de las políticas de igualdad de género en la comunidad.

Durante el acto, en el que Salazar ha estado acompañada de Rocío Pérez, representante de la Federación para la Promoción de la Mujer con Discapacidad ‘Luna Andalucía’; Sonia Catilla, de la Asociación para la Integración Laboral de la Mujer ‘Caminar’, y Charo Venegas, de la Asociación Onubense de Cáncer de Mama ‘Santa Águeda’, se ha coincidido en exigir al Ministerio de Justicia la retirada del anteproyecto de ley, “puesto que se trata de una reforma legal que vulnera la libertad y la capacidad de decisión de la mujer en relación a su maternidad y supone un serio riesgo para su salud sexual y reproductiva”.

La celebración de esta reunión supone un paso más en las acciones que el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres viene realizando en las últimas semanas en las diferentes provincias andaluzas de la mano del IAM, con el objetivo de que todos los colectivos implicados conozcan en profundidad el anteproyecto de ley y “el grave retroceso que supone este nuevo texto para la libertad y los derechos de la mujer”.

En esta misma línea, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, a instancias del CAPM, ya remitió a finales del mes pasado un escrito al ministro de Justicia en el que se indica que las modificaciones planteadas suponen “inseguridad jurídica para los profesionales de la salud” y que la nueva ley es “una imposición ideológica para la que no existía una demanda social mayoritaria”. Además, se destaca que estas modificaciones “afectan a las mujeres con menos recursos y sitúan a España a la cola de Europa” en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo.

De hecho, y tal y como queda recogido en el decálogo redactado por el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, la reforma propuesta choca frontalmente con las propias directrices de la Organización Mundial de la Salud, que defiende una ley de plazos como la aún vigente en España, gracias a la cual incluso se ha registrado un descenso en el número de abortos según los datos del Ministerio de Sanidad, y que es similar a la existente en la mayoría de países de nuestro entorno.

Además de exigir la paralización de este anteproyecto, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha encargado en paralelo un análisis jurídico del texto para determinar si es constitucional o incompatible con otras normas vigentes, a fin de emprender las acciones judiciales oportunas. La intención de la Junta es agotar todos los recursos jurídicos disponibles para evitar la entrada en vigor de una reforma que “vulnera los derechos de la mujer y su capacidad de decidir sobre su cuerpo”.

En opinión de la administración autonómica, es fundamental que “la mujer continúe teniendo una voz determinante en su salud sexual y en su salud reproductiva”, y que el Gobierno defienda “los derechos y libertades de las mujeres, en igualdad de condiciones, y en sintonía con el resto de leyes europeas”.

 

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