El PSOE de Almonte pide que se investigue el proceso de selección de tres trabajadores

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El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almonte ha registrado una moción para el próximo pleno, que se celebrará el lunes, para exigir al equipo de gobierno la creación de una comisión de investigación para aclarar el proceso de selección de las tres plazas de auxiliares administrativos en el Ayuntamiento.

Del mismo modo, según ha informado el PSOE en una nota, pedirán que se suspenda de forma cautelar las nuevas plazas que ha sacado a concurso hasta que se aclare el asunto y que a ese expediente tengan acceso tanto los aspirantes a estas plazas como el resto de grupos políticos.

En este sentido, los socialistas consideran que en la comisión de investigación deberán estar representados todos los grupos políticos, así como los sindicatos con el objeto de analizar el expediente y aclarar la situación “injusta y arbitraria”.

Con respecto al acceso al expediente, los socialistas han apuntado que dicho informe ha sido denegado al Grupo del PSOE esta semana con la excusa de que “han abierto un expediente informativo”. A juicio de esta formación, “un hecho que hace sospechar que se va a iniciar una persecución a los trabajadores por hacer su trabajo y, de esta manera, ocultar responsabilidades políticas y posiblemente penales”.

En esta línea, han recordado que la convocatoria de las tres plazas, cuyas bases fueron aprobadas por el equipo de gobierno, se refería a la contratación temporal de tres auxiliares administrativos del grupo C2, con jornada a tiempo parcial, de 30 horas, con una duración hasta el 30 de junio de 2015 y con cargo al Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal de fondos europeos.

Pero, “sorprendentemente”, un día después de la selección a tres vecinos de Almonte “el alcalde de Almonte, José Antonio Domínguez (PP), dicta un decreto anulándolo”. Según los socialistas, “todo apunta a que el motivo de esta anulación se deba a razones subjetivas del primer edil y ahora se escuda en una supuesta vulneración de los derechos de los aspirantes, cuando el decreto en sí es el que los infringe”.

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