El SUP critica el uso de vehículos “ilegales” para el traslado de detenidos con orden de expulsión

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El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Huelva ha alertado este martes del uso que en la Comisaría Provincial se está realizando de vehículos policiales “que no reúnen los requisitos necesarios que determina el Código de la Circulación y, por tanto, son ilegales” para realizar traslados de largo recorrido –entre Ayamonte-Huelva/Algeciras-Ceuta (Tarajal) o Madrid– de detenidos con decretos de expulsión o ingreso en Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE), en tanto resuelve la Autoridad Gubernativa.

Según ha informado en una nota la comisión ejecutiva provincial del SUP en Huelva, los coches “carecen de asientos adecuados y de cinturones de seguridad obligatorios para estos traslados, que también recoge el Manual de Seguridad y Salud para Actividades Genéricas del Cuerpo Nacional de Policía (CNP)”.

Además informa de que “se está obligando a todos los funcionarios de la Comisaría onubense a leer este manual y firmar el enterado, responsabilizándolos del contenido del mismo, sin que por parte de la Dirección General de Policía (DGP) se provean de vehículos acordes para realizar este tipo de traslados y se obliguen a hacerlos en celulares con muchos kilómetros y numerosas averías”.

En esta línea, aseguran desde el sindicato que “se ha dado el caso de tener que hacer transbordo con el detenido a otro vehículo policial de diferente provincia, que les ha auxiliado, para poder llevar a cabo la expulsión”.

Por último, han resaltado que Huelva porcentualmente es “la segunda capital de España que más traslados de expulsión realiza anualmente, motivo suficiente para que por parte de la DGP se provea a esta comisaría del vehículo adecuado para este tipo de servicio”.

A su vez, dejan “claro” que mientras se sigan permitiendo realizar estas conducciones con los celulares existentes, desde la SUP aconsejarán a los agentes que “se nieguen a llevarlas a cabo por su seguridad y de las personas que trasladan, así como por la protección jurídica de los funcionarios que la ejecutan”.

 

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