El Fogasa acumula un retraso superior al total de expedientes que entraron en 2013

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Concentraci+¦n_FOGASACCOO de Huelva se ha concentrado en la mañana del jueves 13 de febrero frente a delegación territorial de FOGASA para exigir a este organismo público que “solucione urgentemente y dé salida a los expedientes acumulados para que los trabajadores y trabajadoras que han sido despedidos y sus empresas se han declarado insolventes o en concurso de acreedores, puedan cobrar las indemnizaciones que les corresponden por ley”, ha afirmado Emilio Fernández.

En este sentido, el sindicalista ha destacado que en el caso de Huelva, “la paralización de este servicio de garantía salarial de los trabajadores es tal, que el número de expedientes acumulados supera a los que se registraron durante todo el año 2013”. En este sentido, Fernández ha denunciado que “el ataque que el Gobierno del PP está llevando a cabo contra la clase trabajadora es completo, por un lado aprueban una reforma laboral que facilita y abarata el despido, y por otro, el organismo que debería garantizar a los trabajadores el cobro de sus indemnizaciones se paraliza y retrasa estos pagos generando una situación dramática en el caso de muchos trabajadores que se ven sin trabajo y sin la indemnización correspondiente por el despido, o lo que es peor, con la incertidumbre de no saber cuándo y cómo van a cobrar”.

Igualmente, el secretario general de CCOO Huelva ha puesto de relieve que “los retrasos de FOGASA muestran muy a las claras la ineficacia de la externalización de los servicios públicos, ya que no debemos olvidar que desde que se hiciera cargo la empresa Tragsatec, se han acumulado un mayor número de retrasos en la tramitación de los expedientes hasta llegar a un punto insostenible”.

Ante esta realidad, desde el sindicato ya se exigió hace meses “soluciones inmediatas con un plan de choque urgente para que se resuelvan en tiempo y forma los expedientes, y al menos se cumplan tres meses por ley, pues se trata de trabajadores que han sido despedidos y cuyas indemnizaciones y salarios de tramitación están pendientes de cobro, sin embargo una vez más lo que nos encontramos es la negativa a tomar cartas en el asunto por parte del Gobierno, con lo que supone de desprotección para estas personas”.

 

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