El equipo de gobierno de Almonte asegura que el PSOE desvió una subvención de la Diputación

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El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Almonte ha hecho pública una nota en la que asegura que “una nueva irregularidad ha quedado de manifiesto con relación a la concesión de la Planta de Reciclaje de Escombros de Almonte formalizada por el Ayuntamiento en 2003 a Aprovechamientos Industriales Doñana S.L. (Aproindo)”.

Según un informe jurídico solicitado por el actual equipo de gobierno (PP) a propósito de una subvención por valor de 260.606 euros concedida por la Diputación Provincial al Consistorio, el PSOE la derivó a la empresa para construir la instalación, cuando en el pliego se especificaba que el contratista debía encargarse de la misma, ya que estaba incluida en el canon.

Este “pago doble” salpica especialmente a la actual secretaria general de los socialistas almonteños, Rocío Espinosa, ya que en aquel momento era la primera teniente de alcalde en el Consistorio y diputada provincial de Medio Ambiente. Por lo tanto, responsable de conceder las ayudas. Para agravar aún más las cosas, la Planta estaba en funcionamiento pese a que la descatalogación de los terrenos no se produjo hasta 2008, por lo que esta subvención europea –perteneciente al Programa Operativo Local 2005/2006- se destinó irregularmente, algo que no podía desconocer quien compartía una doble función institucional.

El “doble abono” de los costes de construcción choca especialmente si recordamos que la escritura se modificó en el primer mes de concesión y el contratista pidió hasta tres veces una mejora de las condiciones, lo que supuso que de 240.000 euros en quince años pasara a embolsarse 16,2 millones de euros en 30 años. Justificó la primera modificación precisamente en que se le habían “disparado” los costes de la planta: de 600.000 a casi 2 millones de euros. Como quiera que se atendieron sus pretensiones multiplicando por dos el tiempo de la concesión, la subvención carecería de sentido.

El Ayuntamiento de Almonte ha solicitado hace tres meses a la Diputación Provincial el expediente de la subvención, sin que se haya atendido aún esta petición. Hay que recordar que cuando se creó el pliego de concesión del servicio en 2003, se especificaba que el adjudicatario quedaba obligado “a tener en pleno funcionamiento los servicios de eliminación de escombros y restos de obras para su reciclado, en el plazo máximo de seis meses, a contar desde la fecha del contrato”, algo que tuvo lugar el 1 de agosto. Concretamente, debía edificar “una nave de 400 metros cuadrados y una caseta de control de entrada”.

Más “anomalías”

Según la documentación existente en el Ayuntamiento, el 3 de septiembre de 2004 el técnico de Medio Ambiente J. J. V. P. emitió un informe en el que se determinaba la “urgente necesidad” de la construcción de la planta, cuando ya habían pasado 13 meses desde la firma del contrato y era obligatoria su puesta en funcionamiento a los 6 meses. Es interesante remarcar que la emisión de este documento abría la posibilidad de saltarse un posible concurso o subasta, pudiendo adjudicarse directamente a una empresa.

Curiosamente, tres días después –el 6- llegó la aprobación de una subvención de la Diputación Provincial con destino a la Planta de Reciclaje por importe de 260.606 euros, que debía ser gestionada por el Ayuntamiento. Un documento de enero de 2004 prueba el conocimiento que existía de la llegada de aquella subvención.

A partir de aquí, el “baile” de fechas es digno de resaltar. El 8 de septiembre –dos días después- el concejal de Medio Ambiente Antonio García Rebollo -después gerente de la Fundación Doñana 21-, propuso la adjudicación directa a Aproindo por el importe de la subvención. Aunque no es hasta el día siguiente cuando la propia empresa solicitó por escrito al Ayuntamiento que, “conociendo la urgencia de la construcción, se ofrecía a hacerla” por el importe de la subvención.

Ese mismo día, 9 de septiembre, la Junta Local de Gobierno presidida por Francisco Bella aprobó el pliego y gasto de la obra para la Planta de Reciclado -que debía estar terminada desde el 1 de marzo de 2003-. El punto se incluyó por urgencia, con lo cual no constaba en el orden del día y podía escapar del control de la oposición. El acuerdo se formalizó pese al informe contrario del Interventor, quien consideró que no se daban las circunstancias que justificasen “una imperiosa urgencia” y que era preciso solicitar un informe del técnico para “evitar pagar dos veces lo mismo”.

Sin embargo, el 10 de septiembre se firmó el contrato con un plazo de ejecución de cuatro meses. Efectivamente, se sucedieron el 10 de enero el acta de final técnico de la obra y la recepción el 17, aunque sin firmar por el técnico municipal, lo que ofrece dudas sobre si se terminó realmente. Aproindo emitió cuatro facturas, siendo la última en marzo de 2005. Un año después, un técnico de Diputación solicitaba aún la documentación sobre el gasto de la subvención. Por lo tanto, no estaba justificada en esa fecha ni consta si se hizo finalmente.

 

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