CSIF advierte del coste que supondrá la privatización de los registros civiles

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Imagen de archivo de una protesta de los funcionarios de los registros civiles.

Imagen de archivo de una protesta de los funcionarios de los registros civiles.

El proceso de privatización de los registros civiles continúa adelante a pesar de la oposición de los trabajadores de la Administración de Justicia y de las organizaciones sindicales. El próximo paso es que el Ministerio lleve el proyecto al Consejo de Ministros y, por ello, el sindicato CSIF -mayoritario en este sector en el ámbito onubense- ha exigido “la inmediata paralización” de la privatización del Registro Civil que pondrá en manos de los colegios de registradores las competencias de este órgano judicial. Esta medida afectaría a unos 40 trabajadores en la provincia de Huelva y a más de 3.500 en el ámbito nacional.

En cuanto a las repercusiones para el ciudadano, CSIF ha advertido que esta decisión “cercena un derecho fundamental, menoscaba los servicios públicos y supondrá un coste adicional para los usuarios, aún sin cuantificar, en diferentes trámites tales como inscripciones y certificaciones de matrimonio, nacimiento, defunciones o fe de vida, que hasta ahora eran gratuitas”.

Además, el sindicato ha destacado que la privatización de los registros civiles se traduce en “un despilfarro intolerable de medios materiales, con un gasto de 182 millones de euros en digitalización de documentación” así como en una pérdida de empleo público y de calidad en el servicio al prescindir de funcionarios con experiencia y formación en materia de Registro Civil que, además, “son los que deben asumir el reto de la necesaria modernización de este órgano judicial”.

Por todo ello, CSIF hace un llamamiento a la concienciación de toda la ciudadanía y a los trabajadores de la Administración de Justicia sobre “la trascendencia de esta medida que volverá a poner precio a un servicio fundamental y supondrá el despido de trabajadores interinos, la amortización de plazas y la movilidad forzosa de titulares”, entre otras repercusiones.

Medidas de presión

Como alternativa a esta privatización, CSIF ha remitido en varias ocasiones una propuesta alterativa que supone la desjudicialización del Registro Civil, tal y como marca la ley, pero manteniendo el carácter de servicio público y, por tanto, su gestión por parte del personal funcionario.

Además, la Central Sindical va a iniciar un calendario de movilizaciones, una campaña informativa dirigida al ciudadano, una recogida de firmas contra el proyecto y ya ha comenzado una ronda de contactos con los distintos operadores judiciales (asociaciones de jueces, fiscales, abogados, secretarios judiciales etc.), con grupos políticos y alcaldes, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), teniendo en cuenta que esta privatización puede dejar a los habitantes de los municipios más pequeños sin el servicio de registro que se presta a través de los juzgados de paz.

 

 

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