La Cumbre Social exige a la Junta “mayor combatibidad contra los recortes”

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27_febrero_Cumbre_SocialDiversos representantes de la veintena de colectivos sociales que conforman la Cumbre Social de Huelva, entre los que se encuentran los sindicatos CCOO y UGT, han presentado a la opinión pública un manifiesto con motivo del 28F, Día de Andalucía, en el que se hace expresa “la preocupación por el deterioro de nuestra comunidad autónoma, y especialmente de la provincia de Huelva que viene sufriendo como consecuencia de la crisis un catálogo de medidas de ajuste y recortes de un marcado carácter conservador que están arrastrando a la sociedad hacia la desigualdad y la pobreza”.

En este sentido, desde la Cumbre Social se ha denunciado “las cifras desoladoras que arroja la EPA en nuestra provincia, con 76.900 personas en situación de desempleo de las cuales 26.472 se encuentran en riesgo de exclusión social”.

Junto a esta situación crítica, los colectivos pertenecientes a la Cumbre Social han denunciado “el olvido del Gobierno Central reflejado en la escasa inversión que le destina a Huelva en los Presupuestos Generales del Estado año tras año, lo que ha condenado a la provincia al subdesarrollo del tejido económico por la nula inversión en infraestructuras básicas”.

En esa línea, se ha resaltado la situación de debilidad financiera de la Universidad de Huelva “fruto de la política de recortes, que se ha traducido en despidos y recortes de servicios que se prestaban a la comunidad educativa y a la ciudadanía”.

Asimismo, desde la Cumbre se ha expresado “un enérgico rechazo al anuncio del Gobierno del PP de reformar la ley del aborto, que, de materializarse, supondrá un retroceso histórico en el derecho a las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo”.

En esa misma línea, la Cumbre Social de Huelva se ha posicionado contra la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal “que se plantean como un mero recorte de derechos civiles para acallar la protesta social”.

También ha tenido un espacio “la preocupante situación de indefensión de los ciudadanos ante los abusos de las grandes empresas de los sectores energéticos y de servicios esenciales (electricidad, gas, telefonía, agua, combustibles, que marcan al Gobierno y demás administraciones sus políticas de precios”.

Finalmente, desde la Cumbre Social se ha hecho un llamamiento a todas las entidades de la sociedad civil “partidos políticos, al mundo de la cultura, de la comunicación, de la Universidad, y a todas aquellas personas víctimas de la crisis ya sea por despidos, paro, deshaucios, exclusión social o cualquier agresión a sus derechos fundamentales y constitucionales que defiendan lo que los andaluces y andaluzas ganamos primero en la calle y más tarde en las urnas”.

 

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