Propuesta para revisar los puestos de trabajo municipales en Isla y evitar el ERE

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El comité de empresa del Ayuntamiento de Isla Cristina, gobernado por una coalición entre PSOE y PA, ha puesto encima de la mesa una serie de propuestas como la revisión de los puestos de trabajo o la reducción de algunas partidas presupuestarias con el fin de evitar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), planteado por el Consistorio isleño, que contempla el despido de 180 trabajadores laborales, o bien, “un nuevo ajuste para la plantilla de esta categoría de un millón de euros”.

Así lo ha explicado a Europa Press la presidenta del comité de empresa, Marta González (USO), tras asistir este lunes a una reunión de la mesa de negociación del expediente, donde han propuesto la reducción de partidas presupuestarias, tanto del Capítulo de Personal, sin que afecte a los trabajadores laborales, como en gastos de electricidad y telecomunicaciones.

En cuanto a la revisión de los puestos de trabajo, González ha señalado que “hay otras opciones distintas al despido, como las prejubilaciones por ejemplo”. A su vez, han solicitado una explicación al encontrar “posibles errores” en los pagos a la Seguridad Social del personal laboral.

A la reunión, que se volverá a repetir el próximo viernes en la que espera que el Ayuntamiento conteste a esta propuestas, han asistido un concejal y una empresa contratada para negociar el ERE.

Desde el comité de empresa rechazan este expediente que se traduciría en “180 despidos de trabajadores laborales, lo que supone casi el 52 por ciento de la plantilla” del Consistorio o bien “un nuevo ajuste de un millón de euros” a los empleados de esta categoría que, por el momento, desconocen cómo se aplicaría.

En este sentido, ha recordado que los empleados laborales muchos ya tienen recortes del “50 por ciento de salario y jornada, 75 por ciento en ambos casos o trabajan al cien por cien con un 90 por ciento del sueldo”.

Por ello, ha dejado claro que desde el comité rechazan esta alternativa, a la par que ha remarcado que por sentencia judicial, la cual aún no es firme, se obliga al Ayuntamiento a “recuperar las condiciones laborales”.

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