Dos de los acusados de intentar introducir 3.556 kilos de hachís reconocen los hechos

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Dos de los acusados por un delito contra la salud pública, tras hallar la Guardia Civil en julio de 2011 en dos embarcaciones un total de 3.556 kilos de hachís, concretamente en el puerto pesquero de Isla Cristina y en el de El Rompido, Cartaya, han reconocido los hechos, rebajándole la Fiscalía la pena a tres años de prisión, mientras que los otros dos los han negado y el Ministerio Fiscal le ha mantenido las penas de seis años de prisión y el pago de una multa de 22 millones de euros.

Durante el juicio que se ha celebrado este miércoles ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva, que lo ha dejado visto para sentencia, D.L.G, y J.R.J., han reconocido los hechos que, según el fiscal, se remontan a julio de 2011 cuando una embarcación, propiedad del primero, penetró en el astillero denominado ‘Conrado Moreno’, propiedad del acusado C.F.G., el cual, sabedor de lo que portaba –1.658 kilos de hachís– remolcó dicho barco hasta el interior de una nave, compareciendo en el lugar minutos más tarde agentes de la Guardia Civil.

Por otro lado, D.L.G, y J.R.J., han reconocido a su vez que sobre las 15,00 horas del mismo día se encontraban a bordo de otra embarcación cuando fue interceptada por agentes del Servicio Marítimo Provincial de Huelva en las proximidades de el puerto deportivo de Marina El Rompido, que contenía en su interior, dividido en fardos, un total de 1.898 kilos de hachís.

El propietario del astillero ha negado los hechos y ha asegurado que introdujo el barco en la nave para que no fuera objeto de robos, pero ha manifestado que colaboró con los agentes, así como que no conocía que en su interior transportaba hachís. Su abogado, que ha pedido la absolución, ha asegurado que el astillero es propiedad de su cliente desde abril de 2011 y que si la Guardia Civil sospechaba de la embarcación desde 2010, en esa fecha “esta nave era de su hermano”. El letrado ha alegado que no hay pruebas que “puedan acreditar su participación con el tráfico de drogas”.

Respecto a la segunda embarcación, propiedad del acusado A.A.L., la Fiscalía entiende que fue facilitado previamente por él mismo a sabiendas de la finalidad ilícita para el que iba a ser utilizado, sin embargo, A.A.L., de 80 años de edad, ha declarado que compró el barco en mayo y que denunció el robo del mismo el 3 de julio, un día después de que la Guardia Civil hallara la droga, cuando visitó Huelva para alquilar una vivienda para pasar el verano y se dio cuenta de que no estaba amarrado a puerto.

Por ello, su abogado ha solicitado la absolución ya que “el único indicio es que es el propietario del barco”, indicando además que las sospechas sobre la embarcación las tiene la Guardia Civil desde antes de su adquisición por parte de su cliente, el cual no tiene ninguna relación con el resto de los acusados.

Por último, la letrada de los dos procesados que se han conformado con las penas ha aceptado los cambios del Ministerio Fiscal en su nueva petición de las mismas.

DECLARAN AGENTES

También han prestado declaración los agentes de la Guardia Civil que participaron en el operativo y han asegurado que en un principio el dueño del astillero “negó que allí hubiera un barco”, que fue descubierto tras seguir el reguero de agua que dejó al sacarlo del agua. De igual forma, uno de ellos ha añadido que éste les negó que “hubiera droga en su interior”.

Según reza en el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al 2 de julio de 2011 tras investigar Vigilancia Aduanera de Huelva y agentes del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil estas dos embarcaciones de recreo por su presunta utilización en operaciones de narcotráfico.

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