CSIF exige que se paralice la privatización de los registros civiles

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Antes de que el Ministerio lleve el proyecto de privatización de los registros civiles al Consejo de Ministros y con ello se haga efectiva esta medida, el sindicato CSIF -organización mayoritaria en este sector en el ámbito onubense- ha participado esta mañana en una concentración en la sede judicial de la Alameda Sundheim de la capital para mostrar el rechazo del sector a esta decisión.

Con esta iniciativa, la Central Sindical ha pedido la “paralización definitiva” de la privatización del Registro Civil después de conseguir frenar el traspaso de competencias de los funcionarios públicos a los registradores ya que estos pretendían cobrar determinadas tasas a los usuarios por algunos trámites. No obstante, esta situación es sólo provisional ya que la Administración la ha calificado como “un simple paréntesis” sin descartar la entrega de este servicio público a otros colectivos.

Si esta decisión saliera delante, se verían afectados más de 40 trabajadores en la provincia de Huelva (un dato que asciende a más de 3.500 en todo el país) que tendrían que “reubicarse forzosamente”. Para el sector de Justicia de CSIF, el traspaso de esas funciones del Registro Civil a manos privadas es “intolerable” puesto que los empleados públicos son los que “realmente tienen la formación y la experiencia necesarias para atender los registros civiles y los que saben cómo modernizarlos para prestar una mejor atención al usuario”.

Además, CSIF explica cómo trámites que anteriormente eran totalmente gratuitos podrían pasar a tener un coste adicional, por ejemplo en las certificaciones e inscripciones de nacimiento, defunción, fe de vida o matrimonio. Además, la medida puede dejar a los habitantes de los municipios más pequeños sin el servicio de registro que se presta a través de los juzgados de paz.

Por todo ello, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha recalcado la importancia de frenar un proyecto de privatización que “vuelve a comerciar con un servicio público esencial para la sociedad poniendo en riesgo su acceso universal así como numerosos puestos de trabajo”. En este sentido, el sindicato argumenta que “las razones de ahorro económico que esgrimen para tomar esta decisión no se sostienen ya que este proyecto supondrá un gasto de 182 millones de euros sólo en la digitalización de documentos”.

A pesar de conseguir que finalmente los registradores no asuman el servicio del Registro Civil, la campaña de CSIF seguirá adelante para evitar que se busquen “otras alternativas” para su privatización. El calendario continuará con concentraciones de protesta, recogidas de firmas, reparto de hojas informativas y una ronda de contactos con asociaciones de jueces, fiscales, abogados y secretarios judiciales, entre otros colectivos.

 

 

 

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