El alcalde de Cartaya desmiente “las acusaciones de un activo militante socialista”

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El alcalde de Cartaya, Juan M. Polo, ha desmentido rotundamente las acusaciones vertidas “por este supuesto vecino de Cartaya, que resulta ser un exconcejal socialista, ex teniente de alcalde y ex asesor del anterior alcalde, lo que pone de manifiesto que se trata de un nuevo capítulo de la persecución y la cacería política de la que estoy siendo objeto con el único propósito de sembrar la duda para desprestigiar y hacer daño político”.

Se trata, asegura, de un nuevo intento de poner en duda la legalidad de las construcciones que el primer edil posee en el campo, después de que ya en 2012 se presentaran dos denuncias anónimas referidas a las citadas construcciones, ante el Seprona y ante la Fiscalía, que dictó auto de archivo “por no ver indicio alguno de ilegalidad en los expedientes, después de analizarlos con detalle y de exigir los pertinentes informes técnicos de los funcionarios públicos”.

El primer edil niega también la existencia de dos viviendas, “puesto que la que se construyó en el año 2004 ni ha tenido jamás, ni tiene un uso residencial, como se acreditó documentalmente ante al Ministerio Público en su día, puesto que se trata de una nave de aperos”. Además insiste en que “tengo todos mis papeles en regla, especialmente el de mi vivienda y el del almacén de aperos, aboné las correspondientes tasas y he pagado todos los impuestos que me corresponden”.

Al respecto asegura que “las citadas construcciones, se encuentran en la misma situación de alegalidad o de irregularidad administrativa en la que se encuentran las cerca de un millar de construcciones en el campo de la localidad, puesto que en todos los casos se ha seguido siempre el mismo proceso, y en el resto de Andalucía, por el vacío legal que existía al respecto, pero se trata de una situación totalmente regularizable al amparo del Decreto 2/2012 que sacó la Junta de Andalucía precisamente para normalizar la situación de este tipo de edificaciones”.

En este sentido, el Ayuntamiento en la actualidad se encuentra tramitando los expedientes pendientes de este tipo de viviendas en la localidad, “para proceder a la regularización de todas las construcciones en el campo, que se encuentran en la misma situación, y yo estoy en el mismo caso del de los 50.000 propietarios de viviendas en suelo no urbanizable de Andalucía”. Además, señala, “con la particularidad importante de que en este caso concreto no hay problemas de afección sectorial, es decir no se encuentra en zona de protección, ni en monte catalogado, ni zona de influencia del litoral, ni de dominio hidráulico (arroyos,..) , es decir que no hay problemas para su regularización una vez quede aprobada definitivamente la modificación número 6 del PGOU de Cartaya, que beneficia a todos los vecinos con propiedades en el campo”.

Además, reitera, “el tratamiento que se me ha dado a estas construcciones, tanto en materia de otorgamiento de licencias como de disciplina urbanística, ha sido también idéntico al del resto de vecinos de la localidad”. Insiste, en respuesta a las acusaciones del militante socialista, que “en ningún momento he intervenido en el proceso de concesión de las licencias, puesto que ostentaba el cargo de concejal y no de teniente de alcalde y no me competía el ejercicio de acciones de disciplina urbanística”.

Finalmente, el alcalde insta al autor de estas acusaciones a que “en vez de acudir a los periódicos, con el objetivo de difamar para que quede la duda y el daño, ejerza las pertinentes acusaciones legales en el juzgado, que es donde hay que demostrar lo que se dice, y donde yo ya he demostrado que siempre me he ajustado a la legalidad vigente y estoy dispuesto a hacerlo cuantas veces sean necesarias”.

Para el primer edil es “tremendamente significativo que sea un activo militante socialista, que además fue concejal y teniente de alcalde entre 1991 y 1995, y estuvo imputado por su gestión al frente de una Mancomunidad en la provincia, el que insista en una acusación que no tiene base alguna, como ya quedó probado ante el Ministerio Público, sólo con el objetivo de hacer daño político”.

 

 

 

 

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