CSIF denuncia que la Junta no cubre las bajas en los juzgados de la provincia

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El sector provincial de Justicia del sindicato CSIF en Huelva ha denunciado que la Junta de Andalucía está dilatando desde finales del año pasado la cobertura de las bajas laborales que se producen en los juzgados de la provincia y que, según ha podido saber esta Central Sindical, ascienden actualmente a siete. La situación es especialmente grave en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ayamonte donde se encuentra de baja un funcionario del cuerpo de Auxilio (sustituido por compañeros de otras localidades), otro de Tramitación y uno más de Gestión, lo que supone casi la mitad de la plantilla.

Esta misma situación se da en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valverde que carece de personal de Auxilio Judicial desde el pasado 13 de enero. Por todo ello, CSIF ha alertado del perjuicio que puede suponer esta situación tanto para los trabajadores de la Administración de Justicia, que asumen una mayor carga de trabajo, como para la ciudadanía ya que los trámites podrían verse ralentizados si no se dota de personal suficiente los centros de trabajo.

A juicio de la Central Sindical, “la Junta está dilatando las sustituciones siguiendo únicamente el criterio de ahorro económico provocando un retraso de más de tres meses de media en la cobertura de cualquier incapacidad laboral transitoria en los juzgados de la provincia”, algunos de ellos bastante saturados como es el caso del Juzgado de Primera Instancia número 4 (Mercantil) con un funcionario del cuerpo de Gestión de baja desde enero. Esta situación ya se dio en meses anteriores con una ausencia por enfermedad de un trabajador del cuerpo de Tramitación en el Instituto de Medicina Legal que no llegó a cubrirse.

Ante esta situación, CSIF ha exigido en varias ocasiones a la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública la cobertura de la totalidad de las bajas registradas en el ámbito onubense y evite, así, que se incremente aún más la demora de los trámites judiciales. El sindicato asegura finalmente que “se trata de una destrucción encubierta de empleo público en un sector que ya tenía las plantillas bajo mínimos y que se encuentra especialmente castigado por la carga de trabajo”.

 

 

 

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