El único condenado por el robo de hachís en la Aduana recurrirá la sentencia

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F.J.L.R., el vigilante de seguridad de la sede de Aduana en Huelva, único condenado de los doce acusados por el robo de una tonelada de hachís en el citado edificio durante la Nochevieja de 2012 coincidiendo con las campanadas de Año Nuevo, va a interponer un recurso de apelación a la sentencia que lo condena a cuatro años de cárcel por un delito de robo con fuerza en concurso con otro contra la salud pública, por el que le impone además una multa de 6,1 millones de euros.

En declaraciones a Europa Press su letrado, Manuel Domínguez, ha asegurado que, tras estudiar la sentencia, baraja los motivos por los que elevará el recurso a la Audiencia Provincial tras la condena dictada la pasada semana por el Juzgado de lo Penal 4 de Huelva, que prefiere no adelantar, aunque señala con seguridad que recurrirá el fallo.

Por su parte, la Fiscalía de Huelva, que rebajó de once a seis años la solicitud de condena para éste por hurto continuado, robo y delito contra la salud pública, se encuentra en estos días inmersa en el análisis de la sentencia ante la posibilidad de presentar un recurso de apelación contra esta resolución judicial.

Cabe recordar que la sentencia absuelve a todos los demás acusados al considerar que “no se ha acreditado” la participación de los mismos en los hechos descritos y señala que aquella noche “un número no determinado de individuos cuyas identidades no se han precisado” entraron en las instalaciones de Aduana apoderándose de 950 kilos de hachís, una sustancia que no ha sido recuperada.

Del mismo modo absolvió a este vigilante –al que dejó en libertad tras culminar el juicio y llevar en prisión preventiva desde que ocurrieron los hechos– de los delitos de hurto continuado y de otro contra la salud pública que también pedía el Ministerio Fiscal en su acusación.

Durante el juicio siete de los 12 acusados –los demás se acogieron a su derecho a no declarar–, negaron los hechos y dos de ellos aseguraron que “se sintieron amenazados por la Policía para que firmaran la declaración”. Finalmente, el vigilante de seguridad también se acogió a su derecho a no declarar.

 

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