El Pleno de San Juan da su apoyo unánime a los trabajadores de Ence

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Pleno San Juan-411dEl pleno del ayuntamiento de San Juan del Puerto ha mostrado de forma unánime su apoyo a los trabajadores de la empresa Ence. La corporación municipal mostró su acuerdo en prestar la colaboración institucional necesaria para que se lleve a cabo una modificación de la ley de la reforma energética que el gobierno central pretende implantar y que afectaría negativamente a la factoría.

Esta nueva ley supondría para la papelera una importante pérdida de ingresos, ya que el licor negro (sustancia que se obtiene al convertir la madera en pulpa de celulosa) dejaría de ser considerado energía renovable y pasaría a considerarse un residuo, careciendo de valor en los mercados, a pesar de ser un buen combustible muy apreciado”.

Por otra parte, el pleno de la corporación rechazó una moción presentada por el grupo socialista que tenía como objetivo instar al equipo de gobierno a modificar la ordenanza reguladora de las tarifas del abastecimiento de agua, de forma que Aqualia no pueda cortar el suministro a los ciudadanos que no abonen sus facturas.

El equipo de gobierno municipal mostró su total acuerdo con esta moción. La portavoz del Partido Popular, Carmen del Rocío Rebollo, recordó que “el ayuntamiento ya tiene asumido hace mucho el compromiso con estas familias, puesto que los servicios sociales municipales se hacen cargo de las facturas que las familias en riesgo de exclusión social no pueden pagar”.

En este sentido, el equipo de gobierno propuso añadir dos nuevos puntos a la moción. “La oposición pide el compromiso del ayuntamiento y nosotros lo aceptamos sin ningún inconveniente, pero es de recibo que el compromiso también lo adquieran todas las administraciones que tengan algún tipo de competencias en este asunto”, señaló Rebollo. Por tanto, el primero de los puntos a añadir proponía instar a la Junta de Andalucía a modificar la ley por la cual permite a las empresas cortar el suministro si la cantidad correspondiente no se abona a los 15 días de ser notificado. El segundo punto solicitaba el compromiso de la Diputación Provincial con los municipios de menos de 20.000 habitantes, donde debería hacerse cargo de los servicios sociales y no dejar el grueso de esta problemática a los ayuntamientos, que no están obligados a ello.

Con respecto a este último, el portavoz del grupo andalucista, Miguel Matías Romero, aseguró que “el consistorio gasta miles de euros en ayudas sociales cuando es la Diputación quien debería hacerse cargo por ley”.

El PSOE finalmente no aceptó los dos nuevos puntos propuestos, por lo que la moción fue rechazada.

Por último, el alcalde aclaró que “el ayuntamiento seguirá haciéndose cargo de las facturas de las familias que no pueden pagar, así como de las medicinas, los libros y muchas cosas más que no son competencia de este órgano de gobierno pero que hacemos porque es nuestra más absoluta responsabilidad”.

 

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