De Llera, sobre el caso del pederasta: “Me cuesta creer que haya tantos quebrantamientos” del alejamiento

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El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, se ha referido este jueves al caso de la menor que fue víctima de abusos sexuales por parte de su tío político, el cual fue condenado a dos años de prisión en 2012 por estos hechos y que está en libertad y vive frente a la menor en la barriada del Torrejón de Huelva, señalando que “le cuesta creer que haya tantos quebrantamientos de la medida” de alejamiento por parte del condenado.

En declaraciones a Europa Press antes de presidir en Sevilla la recepción de los socios europeos del proyecto de mediación ‘Eirene’, De Llera ha subrayado que “le cuesta creer que haya tantos quebrantamientos de la medida, porque eso serían quebrantamientos de condena, y lo lógico es que estuviera nuevamente encausado y nuevamente en prisión cumpliendo condena por esos quebrantamientos”.

No obstante, ha querido dejar claro que “no conoce” el asunto en profundidad y que además “no es su problema”, sino que “es un problema de la Policía, del fiscal de Huelva y del Juzgado que resulte competente”. “El problema que tiene el Gobierno es acabar con el paro y con la corrupción, cosa que nos abochorna a todos, y conseguir que Andalucía salga del pozo de la crisis económica cuanto antes”, ha dicho.

FISCALÍA

La Fiscalía Provincial de Huelva ha asegurado que “hoy por hoy no hay motivos ni causas” para pedir la revocación de la suspensión de la pena impuesta a J.V.C., condenado en 2012 a dos años de prisión por abusar de su sobrina política, una menor que entonces tenía ocho años y que ahora vive frente a su domicilio, y a libertad vigilada durante los seis años siguientes al cumplimiento de la pena de cárcel.

Según ha informado a Europa Press desde la Fiscalía, “todas las ejecutorias se han tramitado de forma correcta” y ha dejado claro que “no puede transmitirse la idea de colapso judicial porque no lo hay”, a lo que añade que “se podría revocar esta suspensión de la pena si hubiera sido condenado por un delito posterior de cualquier índole, pero no hay sentencias condenatorias posteriores”.

Desde el Ministerio Fiscal han detallado que existen dos sentencias firmes y una tercera por otro quebrantamiento en la que se le condena a una pena de multa de 24 meses a razón de cuatro euros de cuota diaria y que está recurrida.

De esas dos primeras sentencias, en las que están suspendidas las penas, una es del Juzgado de lo Penal 4 de Huelva, que lo condena a un año de prisión por quebrantamiento de la orden de alejamiento impuesta por el juez antes de que se enjuiciaran los abusos, y la otra es de la Audiencia, que lo condena a dos años de prisión y al pago de 3.000 euros de indemnización a la víctima, ya abonados.

Del mismo modo, aclaran que en esta última se impone la libertad vigilada durante los seis años siguientes al cumplimiento de la pena de prisión pero no se estableció la distancia de la orden de alejamiento, que posteriormente se concretó en 20 metros en el trámite de la ejecución de la sentencia, una situación que “nadie ha recurrido”.

Desde la Fiscalía aseguran que este hombre tiene varias denuncias por parte de la madre de la víctima por posibles quebrantamientos pero no hay sentencias condenatorias por las mismas.

Sin embargo, la abogada de la familia, María Teresa Largo, piensa que este individuo “debería entrar en prisión, pese a que esta primera pena no lo obligaba a entrar en la cárcel porque en los últimos meses ha acumulado otras penas por quebrantamiento de la orden de alejamiento impuesta”.

En declaraciones a los periodistas en las puertas de la Audiencia este miércoles, Largo detalló que “existe una sentencia firme que fue de conformidad por abusos sexuales a la menor; ha incumplido la orden de alejamiento en dos ocasiones y hay tres diligencias nuevas en fase de instrucción por nuevos quebrantamientos”.

Por ello, la letrada pidió su ingreso en prisión porque cuando dos juzgados de lo Penal dictan estas órdenes de quebrantamientos “ya sí tenía una condena firme, la de abusos”, el problema radica, según explicó, en que “el Penal tiene que ejecutarlo y no lo hace por colapso porque lleva retraso”.

Largo aseguró que “este hombre condenado a dos años por abusos sexuales, más los quebrantamientos, tiene delitos para cumplir penas de prisión, además no ha indemnizado a la víctima y no ha abonado las costas judiciales”. A su vez, destacó que el problema “ha sido el retraso en el cumplimiento de la ejecutoria y debería entrar en prisión, entre otras cosas, porque sigue delinquiendo”.

La familia de la menor también pide la entrada en prisión de éste, que vive frente a ella en la barriada del Torrejón en Huelva, porque “hay días que la niña está jugando en la acera y él pasa por su lado”.

En declaraciones a Europa Press, un familiar lamentó que éste “vea a la niña a todas horas porque incumple la prohibición de salir de su casa”, a lo que añadió que “este hombre ha vuelto a delinquir con otra niña y quebrantado la orden de alejamiento”. Por ello, la familia espera que “pronto entre en prisión porque esta situación es horrible”.

CONSEJERA

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha pedido “mayor celeridad” en el procedimiento y “la mayor contundencia” en las decisiones que se adopten en el proceso de la menor que vive en la barriada del Torrejón en Huelva frente al pederasta que abusó de ella, para “evitar cualquier riesgo y sobre todo sufrimiento a la menor y a su familia”, asegura.

“Celeridad, contundencia y garantía para una persona tan vulnerable como es un menor y su familia”, incide la consejera en declaraciones a los periodistas en Sevilla antes de asistir a la entrega de acreditaciones de competencias a profesionales del sistema sanitario público de Andalucía, toda vez que ha querido dejar claro que se trata de un tema que está en el ámbito judicial.

Cuestionada sobre si la Junta puede ofrecer a la menor algún tipo de ayuda personal o incluso un domicilio temporal, Sánchez Rubio ha señalado que “no es razonable que finalmente el agresor pueda mantenerse en su domicilio y tenga que salir la víctima de su propia casa”.

Además, ha recordado que la Junta tiene todo un sistema de asistencia jurídica gratuita y también un servicio de asistencia a víctimas, ambos dependientes de la Consejería de Justicia e Interior y que “están a disposición en este y en cualquier otro caso”.

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