El sector del cerco presenta alegaciones para capturar más sardina

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Puerto de Isla Cristina.

Puerto de Isla Cristina.

El sector del cerco de la provincia de Huelva, en concreto los puertos de Punta Umbría e Isla Cristina, han presentado alegaciones al nuevo proyecto de orden que establece un plan de gestión para la sardina de las aguas ibéricas al ser “insuficiente”.

Ambos puertos consideran que apenas ha habido variaciones respecto al proyecto anterior, a cuyo contenido también mostraron su desacuerdo ya que consideran que afecta de forma negativa a la actividad. Así, han presentado alegaciones al nuevo proyecto de Orden por la que se establece un plan de gestión para la sardina de las aguas ibéricas y se modifica la Orden AAA/1307/2013, por la que se establece un plan de gestión para los buques de los censos del caladero nacional del Cantábrico y Noroeste.

El escrito enviado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por la Cofradía de Pescadores de Punta Umbría, al que ha tenido acceso Europa Press, explica que la cofradía emite un informe negativo al proyecto dado que “no se garantiza” la continuidad de la pesquería de sardina por la flota de cerco del Golfo de Cádiz, lo que puede acarrear “la inviabilidad de la misma, a pesar de que dicha flota lleva años realizando paradas temporales y adoptando medidas técnicas”.

Igualmente, considera que “no se hace mención alguna al impacto socioeconómico negativo que va a provocar las medidas que se pretenden aprobar”.

En concreto, en relación al artículo 5, sobre la limitación de las capturas, consideran desde Punta Umbría que la redacción dada puede dar a “equívocos”. Interpretan, al igual que lo hace la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, que la flota española podrá faenar hasta que se alcance el 80 por ciento de las capturas máximas que realicen las flotas españolas y portuguesas.

Así, indican que “ese porcentaje saldrá del cálculo que se realice a través de la regla de explotación”. En primer lugar, se han preguntado “si existirá también una correlación por parte de la flota portuguesa”.

Por otro lado, creen que establecer una medida de este tipo puede provocar que las distintas flotas inicien una pesca “a la carrera” y que precisamente la flota del Golfo de Cádiz, que realiza las capturas de sardina en verano-otoño, se encuentre “sin posibilidad de realizarla, dado que a esas fechas es posible que se haya alcanzado el porcentaje citado”.

De este modo, en base al Informe presentado por la Dirección General de Pesca de la Junta de Andalucía, así como la biomasa indicada por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) para el 2013 que ascendía a 192.343 toneladas, la aplicación de la regla de explotación alcanzaría unas capturas máximas de sardina para ambos países, en torno a las 21.000 toneladas. El 80 por ciento ascendería a 18.000 toneladas, momento en que la flota española debería cesar las capturas.

Recuerdan que, según los datos que publica ICES, la media de capturas que realiza la flota andaluza del Golfo de Cádiz de la especie sardina para el período de 2002 al 2012 asciende a 8.400 toneladas, “cifra esta que no se ve garantizada ni en el cálculo ni en el proyecto normativo”.

En este sentido y dada “la alta dependencia” que la flota cerquera del Golfo de Cádiz mantiene de esta pesquería de sardina, unida a la muy reciente regulación del la captura del boquerón, provocarán “a corto plazo la inviabilidad” de esta modalidad de pesca en este caladero, dado que las capturas de ambas especies suponen, de media, “el 90 por ciento del total de las capturas que realiza esta flota”.

Finalmente, reiteran que la modalidad de cerco en el Golfo de Cádiz ha tenido desde hace muchos años una limitación de capturas diarias de sardina de 3.000 kilos, “mucho menos de la mitad que otras flotas que intervienen en la misma pesquería”.

Por su parte, en declaraciones a Europa Press el asesor jurídico del sector del cerco de Isla Cristina, Juan Luis Serrano, ha indicado también su desacuerdo con la norma y la cuota que establece ya que “tampoco se entiende cómo van a hacer la medición” y considera que el sector se queda “indefenso” ya que “nos diferencian de otros caladeros de España” y la modificación del Ministerio “no convence”, por lo que han presentado alegaciones antes del plazo fijado, que daba de margen hasta este viernes.

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