El PSOE de Almonte defiende la viabilidad de la empresa Emilad

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La secretaria general del PSOE de Almonte y concejal, Rocío Espinosa, ha exigido al alcalde, Juan Antonio Domínguez (PP), que garantice la viabilidad económica de la empresa municipal Emilad, destinada a la incorporación laboral de personas con discapacidad y que genera unos 60 empleos anuales.

Para ello, los socialistas han presentado una moción que será debatida en el pleno de este miércoles, después de que el primer edil y su equipo de gobierno hayan iniciado “un desmantelamiento progresivo de esta empresa, cerrando los talleres con los que contaba, sin encargarles trabajo y despidiendo a trabajadores”.

A su juicio, se trata de una situación que “se ha agravado aún más” este año, “después de que el Ayuntamiento no haya adjudicado a Emilad los aparcamientos de la playa de Matalascañas, sino que se han sacado a concurso para que una empresa privada y de fuera de Almonte se quede con ellos, dejando a esta empresa sin opción a estos ingresos y, lo más grave, dejando de generar puestos de trabajo para personas con discapacidad en nuestro pueblo”.

Los socialistas han reprochado que “todas estas acciones responden a la única pretensión del alcalde del PP de cerrar y dejar morir a una empresa municipal que el PSOE creó en 2003 y en la que el PP nunca creyó ni apostó, ya que votó en contra de esta iniciativa”.

Espinosa ha manifestado que “mientras gobernaron los socialistas, esta empresa ha funcionado de forma exitosa, llegando a mantenerse desde el punto de vista económico y lo que es más importante, dando puestos de trabajo a personas con discapacidad que claramente tenían dificultades para entrar en el mercado laboral”.

El PSOE de Almonte ha criticado que el PP “haya encontrado la coartada perfecta en la Ley de 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que tantos recortes está suponiendo para la autonomía municipal, en la que dicta que el Ayuntamiento ya no tiene competencias sobre esta materia, por lo que esta entidad debería ser disuelta”.

No obstante, los socialistas han aclarado que “el propio interventor apunta a que esta actividad se puede mantener si el Ayuntamiento tramita un expediente de competencia impropia según lo dispuesto en el artículo 7.4 LRBRL (Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local) o se obtenga su delegación por parte de la Administración competente con arreglo al artículo 27 LRBRL”.

Por ello, Rocío Espinosa ha pedido al PP que “abandone esta política de desmantelamiento, tramite este expediente y se inicien los trámites con carácter urgente, para que se mantenga esta empresa pública que desarrolla una gran labor social y que además genera empleo”.

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