IU reclama que se ponga fin “a la ofensiva contra el derecho a la huelga”

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Movilizaci+¦n Huelga no es delito en HuelvaEl grupo municipal de Izquierda Unida ha registrado una moción en el Ayuntamiento de Huelva en la que pide que esta institución inste al Gobierno central a que “ponga fin a la ofensiva penal contra el derecho de huelga, así como a la criminalización de los sindicatos y los trabajadores y trabajadoras que participan en las jornadas de huelga, y de manera singular la intervención de los poderes públicos contra la libertad sindical”.

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Huelva, Pedro Jiménez, mantuvo recientemente un encuentro con el secretario provincial de CC OO en Huelva, Emilio Fernández; y el secretario de Organización de UGT, Javier Pérez para analizar la situación creada por lo que entienden como “acoso y persecución a sindicalistas”. En el encuentro se puso de manifiesto la preocupación reinante ante “el clima de persecución que ha generado la Subdelegación del Gobierno de Huelva, con su titular, Enrique Pérez Viguera, al frente”, según explicó Jiménez. Y recuerda que en Huelva hay un total de once militantes de Izquierda Unida, pertenecientes al PCA y a la UJCE sobre los que pesan procedimientos penales, a los que hay que sumar tres militantes más que tienen abiertos procedimientos sancionadores de carácter administrativos. Entre ellos están el secretario provincial del PCA y responsable de la Convocatoria Social de IU, Daniel Hernando; y el secretario provincial de Organización de CCOO y militante de IU, José Manuel Valderas, sobre los que pesan dos procedimientos penales en los que se les reclama el pago de 60.000 euros.

Izquierda Unida reclama en la moción que el Pleno municipal inste al Gobierno central a que garantice el pleno ejercicio de derechos constitucionales, como el derecho a la huelga de los trabajadores y trabajadoras, en toda su extensión. La iniciativa añade que el Pleno empuje al Gobierno a “acometer las reformas legales necesarias para evitar la represión penal desproporcionada de determinadas acciones relacionadas con la convocatoria, organización y extensión de huelgas, excluyendo las penas de prisión contra quienes organizan o participan en una huelga pacífica”.

Izquierda Unida llama la atención en el texto de la moción sobre la actitud de la Fiscalía, una institución pública del Ministerio de Justicia que está pidiendo penas máximas para los supuestos responsables de cualquier incidente durante la jornada de huelga, lo que a juicio de IU supone una “evidente criminalización de un derecho fundamental recogido por la Constitución”. De momento, ya se ha sentado un precedente con el ingreso en prisión del joven granadino Carlos Cano, condenado a tres años de cárcel, “con lo que se pretende atemorizar a la población para que no defienda los derechos que el Gobierno del PP les está arrebatando”.

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