El pleno extraordinario de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) ha aprobado esta semana la desestimación de los recursos formulados por distintos ayuntamientos, entre ellos el de Cortegana, contra la liquidación económica resultante del incumplimiento de sus obligaciones en el proceso de separación.
Esto supone la reclamación de indemnizaciones por importe de 22,5 millones de euros, de los que cerca de tres millones corresponden a Cortegana, donde el PP aprobó este jueves «en solitario» la privatización de este servicio público durante 25 años.
Según ha informado la empresa pública Giahsa en una nota, ésta lamenta «el elevado coste» que esta decisión del equipo de gobierno (PP) del Ayuntamiento serrano va a representar para el municipio.
No obstante, la entidad entiende que, en defensa del interés general de las 65 poblaciones que componen MAS «es absolutamente necesario llevar hasta sus últimas consecuencias el proceso de reclamación de estas cantidades económicas, destinado a evitar que el incumplimiento de las obligaciones que entraña salirse de la Mancomunidad revierta negativamente». Todo lo contrario, la Mancomunidad espera que cuando se salden estas liquidaciones, «las cantidades recaudadas podrán destinarse a la disminución de las actuales tarifas».
Asimismo, entienden que «la decisión unilateral del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cortegana de privatizar el servicio de aguas, ejecutada en solitario y con una notoria oposición ciudadana», se basa, a juicio de Giahsa, «en argumentos inexistentes», al igual que los planteamientos usados en el recurso de reposición contra la liquidación, que ha sido desestimado esta misma semana por el Pleno de MAS, con la unanimidad de todos sus miembros (excepto la abstención de Linares de la Sierra), que representan tanto a los 65 ayuntamientos como a las cuatro formaciones políticas mayoritarias, es decir, PSOE, PP, IU y PA.
De esta forma, con el rechazo en la misma sesión plenaria a los recursos formulados por los ayuntamientos de Cartaya, San Juan del Puerto, Cortegana y Gibraleón, la Mancomunidad de Servicios culmina el proceso administrativo preceptivo, para iniciar la reclamación de las cantidades cuando corresponda, cuyo importe total se eleva a 22,5 millones de euros y que se suman a los ocho millones de euros que componen la liquidación por la salida de Valverde del Camino.
Recuerdan que esta misma situación ya se dio en un único precedente, el de Aljaraque, que en 2004 abandonó Giahsa y donde, tras un prolongado proceso judicial, el Ayuntamiento acabó siendo condenado por el TSJA al pago de una indemnización de más de 1,2 millones de euros.
Los acuerdos que sustentan la convivencia de los municipios en la Mancomunidad de Servicios se han visto reforzados en los últimos años para garantizar el equilibrio financiero que enmarca la concesión demanial de las redes, por lo que la separación de un ayuntamiento conlleva la liquidación de deudas, el abono de la parte proporcional del pasivo de la Mancomunidad y, además, el pago de los gastos que se deriven durante el proceso de la separación, entre otros conceptos.
