UPU denuncia el cobro ilegal de Giahsa de 3,8 millones de euros

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El Presidente de UPU, José Carlos Hernández Cansino, ha denunciado este miércoles que Giahsa habría cobrado ilegalmente a los vecinos mas de 3.800.000 € en 2008 y ello como consecuencia de la nulidad de las tarifas acordada por la sentencia de 25 de septiembre de 2014 de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictado sentencia de 25 de septiembre de 2014 por entender que son “contrarias al ordenamiento jurídico”.

Según argumenta Hernández Cansino la sentencia declara ilegal la internalización del canon de mejora en las tarifas para 2008 lo que supuso la repercusión ilegal en las tarifas de los costes que ello suponía y que en ningún caso debió hacerse. Así, por una parte se repercutió 3.300.000 € como coste de interiorización del canon de mejora en las tarifas, provisionándose así en el presupuestos de gastos, y por otra parte otros mas de 500.000 € por aplicación indebida del 4,2% del IPC sobre el importe internalizado del canon de mejora, partida a la que no se le puede aplicar tal actualización.

Según explicó Cansino, el canon de mejora que se incluía como tal para financiar inversiones muy concretas al servicio de los ciudadanos en la Mancomunidad de la Costa de Huelva -Villablanca, San Silvestre, Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Cartaya, Punta Umbría, Trigueros, Beas, Moguer y Aljaraque-, aprobado por la Junta de Andalucía el 21 de febrero de 2002, “debía tener un concepto diferenciado en el recibo, ya que como dice la sentencia del Supremo, que ya es firme, tiene un carácter transitorio, siendo su finalidad la financiación de tales inversiones en infraestructuras hidráulicas a cargo de las entidades locales correspondientes”. Del mismo modo, precisa que “su cuantía debe ser la necesaria para que la suma de los ingresos obtenidos durante la vigencia del mismo sean los suficientes para cubrir las inversiones a realizar y, en su caso, los costes financieros que generen las mismas”. Sin embargo, en ningún momento, permitía la ley que estos cánones “antes que finalizase su vigencia pudieran interiorizarse en las tarifas de los servicios de agua potable, saneamiento y depuración a la elección de la entidad local, ya que no se conseguirá nunca la finalidad para la que se estableció”. Y desde luego “mucho menos que tal operación ilegal conllevaran costes irreales añadidos repercutidos también ilegalmente en el bolsillo de los vecinos”. Sin embargo, Giahsa “lo seguía introduciendo en las tasas y cobrándolo a todos los ciudadanos”, afirmó Hernández Cansino.

Además con la internalización ilegal del canon de mejora “se hizo pagar a los vecinos de la Cuenca Minera y del Andévalo unas inversiones que ni disfrutaron ni estaba concedido por la Junta de Andalucía para ello, sufriendo una elevación en sus recibos de mas de un 20% de media”, añadió el Presidente de UPU.

Como se recordará la pasada semana se hizo pública la Sentencia de 25 de septiembre de 2014 de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por la que se desestima el Recurso de Casación interpuesto por la Mancomunidad de Aguas Costa de Huelva, hoy MAS, contra la Sentencia del alto tribunal andaluz que daba respuesta al recurso contencioso-administrativo interpuesto por José Carlos Hernández, actual presidente de UPU, contra el acuerdo del 22 de mayo de 2008 del Pleno de la Mancomunidad de Aguas Costa de Huelva por el que se aprobó modificar las ordenanzas fiscales reguladoras de la tasa por distribución de agua (incluido los derechos de enganche y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogos), así como la de alcantarillado, depuración y vertidos.
Hernández pedía su anulación por entender que se había aplicado de forma indebida la ley que regula el canon de mejora y la inclusión de dicho canon en las tarifas y por haberlo hecho sin ajustarlo en lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

En la sentencia, el TS considera que la forma de exigir el canon de mejora en los recibos de agua es bien claro: debe facturarse “como concepto diferenciado de las tarifas, en los términos y condiciones establecidos”, ya que al incluirse “lo hace indefinido”, en vez transitorio como es concebido, y además “soporta las actualizaciones de tarifa”, como ha ocurrido en este caso con las facturas de 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 2014. Además, señala que el importe de la tasa “no puede exceder el coste real o previsible del servicio o del valor de la prestación recibida”.

Por ello “si no procedía la internalización del canon en las tarifas ni aplicar el IPC sobre el mismo, y no eran costes efectivos, los responsables de Giahsa deben explicar dónde han destinado los mas de 3,8 millones de euros que han cobrado por tal concepto a los ciudadanos” reclamó Cansino. “El Supremo confirma el fraude que ha cometido Giahsa con los ciudadanos a los que les ha cobrado ilegal e indebidamente”, continuó el edil puntaumbrieño y añadió que “ la MAS tiene la obligación moral de devolver hasta el último euro cobrado ilegalmente a los usuarios”.

A la vista de todo lo anterior, José Carlos Hernández anunció que está estudiando la interposición de acciones penales, “por el posible destino indebido de un dinero cobrado a los vecinos de forma ilegal”.

Por último, José Carlos Hernández pide que se asuman responsabilidades políticas y concluyó que “ entre el fraude en las tarifas que ahora confirma los tribunales, los costes financieros del préstamo de 81 millones de euros con fondos buitres y los mas de 6 millones de euros que en gastos políticos (sueldos y asignaciones a partidos), hemos pagado en los últimos 5 años con nuestros recibos de agua, exigimos que los responsables pidan perdón y rindan cuentas a la ciudadanía”.

 

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1 comentario

  1. Muy bien. Pero cuanto es lo que nos tiene que devolver Giahsa? Y sería solo el año 2008 o desde ese año a la actualidad, hasta cuando? Y como se reclama esto? Gracias

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