Giahsa acusa a Cansino de “mentir a sabiendas” sobre la sentencia

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La empresa pública de gestión Giahsa ha salido al paso de las declaraciones efectuadas por el presidente de UPU, José Carlos Hernández Cansino, en el sentido de que la compañía habría “cobrado ilegalmente a los vecinos más de 3,8 millones de euros en 2008”, atendiendo a la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 25 de septiembre sobre la supuesta nulidad de las tarifas de 2008. En ese sentido, se recuerda por segunda vez en pocos días que el fallo “únicamente afecta a las tarifas que se regían por las Ordenanzas de aquel año, que son las que se impugnaron en el recurso que ahora se menciona” y, sobre todo, que Hernández Cansino “conoce a la perfección que cuando la empresa para la que trabajaba, Aqualia, impugnó esas Ordenanzas el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) las declaró legales. Por tanto –se denuncia desde Giahsa– miente a sabiendas y calla, y lo hace para defender los intereses de la empresa que le contrató, que a la postre son sus propios intereses”.

Esta actitud, consciente y claramente deshonesta por parte de Hernández Cansino, lo desacredita una vez más y vuelve a demostrar “la catadura moral y política de un personaje que no duda en mezclar asuntos profesionales con sus propios intereses económicos y políticos”. Desde Giahsa se recuerda que detrás de todos los “turbios procesos de privatización de los servicios públicos en diversos municipios de la provincia aparece la figura de Hernández Cansino y, sistemáticamente, la sombra oscura de la empresa para la que trabajaba, Aqualia. Se da la circunstancia, además, de que ha llegado a percibir honorarios al mismo tiempo de esta empresa y de los ayuntamientos que han contratado sus servicios”. El problema, para la empresa pública de MAS, se plantea cuando alguien “conoce al dedillo una sentencia que obvia con la única intención de desinformar, sembrar cizaña y tergiversar los hechos, una táctica barata que domina a la perfección y que, en su faceta política, le ha costado serios reveses que no es necesario traer a colación, ya que están en la mente de la opinión pública de Huelva”.

Demagogia barata frente a sentencia firme

La sentencia del TSJA, recaída sobre el recurso 157/2010 interpuesto en su día por Aqualia, que sintomáticamente “empleaba los mismos y manidos argumentos que ahora emplea el letrado al que le pagaban”, es firme y recalca que “la Ordenanza de 2008 es absolutamente independiente respecto de la que fue objeto del recurso anterior de esta Sala” y que, “en todo caso, la financiación de las obras necesarias para el suministro de agua es un coste que debe integrarse en la cuota de la tasa”. Por tanto, desde Giahsa “se apela a la legalidad, que es el concepto al que debe aferrarse cualquier persona pública que se precie, y se rechaza de plano la burda demagogia de la que hace gala Hernández Cansino cuando alude a obligaciones morales, petición de disculpas y rendición de cuentas a la ciudadanía, algo que más bien convendría aplicarse a sí mismo, políticamente hablando”.

Desde Giahsa asumen que la actitud de Hernández Cansino no es nueva, que seguirá en sus trece y que “es de sobras conocida por la opinión pública de Huelva y su provincia, no es nuevo este proceder que, a la postre, sólo busca un beneficio económico personal y un supuesto rédito político que, a fecha de hoy, está literalmente por los suelos. Pero eso no es culpa de nadie, él debería saberlo”. Con todo, concluyen, “tampoco cuesta trabajo refrescarle la mente: la sentencia del TS sólo se refiere a las Ordenanzas de 2008, las posteriores las declara legales, sólo alude a la Ordenanza de abastecimiento y, sobre todo, que es totalmente legítimo repercutir en las tarifas el costo de las obras por los servicios”.

 

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