Los tribunales obligan al Ayuntamiento de Isla Cristina a pagar 45.000 euros a la plantilla de funcionarios

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Imagen de archivo de una protesta de los trabajadores del Ayuntamiento de Isla Cristina.

Imagen de archivo de una protesta de los trabajadores del Ayuntamiento de Isla Cristina.

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Huelva ha resuelto a favor del sindicato CSIF después de que el colectivo de funcionarios de la Policía Local de Isla Cristina interpusiera varias demandas, a través de la asesoría jurídica de la Central Sindical, contra el Ayuntamiento isleño. En esas demandas se reclaman una serie de cantidades recogidas en el reglamento de funcionarios del consistorio en concepto de ayudas sociales y disponibilidad que la corporación dejó de pagar en 2010 interpretando que el llamado “decretazo de los recortes” del Gobierno central anulaba todos los acuerdos laborales.

Sin embargo, tal y como explican fuentes sindicales de CSIF, las sentencias recibidas no avalan la medida del Ayuntamiento de Isla Cristina y dan la razón al cuerpo de funcionarios por lo que la corporación deberá pagarles alrededor de 45.000 euros, entre 1.500 y 2.000 euros por trabajador, en concepto de ayudas sociales y disponibilidades desde hace cuatro años.

Según los delegados sindicales de CSIF en este consistorio, esas cantidades estaban negociadas y pactadas pero desde 2010 “la corporación ha obviado estos acuerdos sin respetar los derechos adquiridos por los trabajadores”. Aseguran que han intentado solucionar el conflicto mediante el diálogo y propuestas de acuerdo entre ambas partes “pero no se llegó a entendimiento en ningún momento por lo que los funcionarios se vieron obligados a interponer denuncias judiciales”.
Los representantes de CSIF entienden que la actitud que ha mantenido el consistorio en este asunto “incide en la mala gestión del equipo de gobierno que no reconoce las cantidades reclamadas que fueron acordadas con la propia corporación, la cual se niega de forma sistemática a escuchar los problemas del colectivo de funcionarios”.

Por otra parte, adelantan que todavía existen procedimientos judiciales pendientes que, con toda probabilidad, darán la razón a los trabajadores ya que las denuncias que están presentadas siguen la misma línea de las ya sentenciadas. “Todo esto es fruto de la falta de diálogo y el incumplimiento de lo negociado con los trabajadores y sus representantes sindicales”.

Finalmente, desde CSIF advierten que en las sentencias se le da la potestad al empleado público de reclamar los intereses generados por el impago de las cantidades en cuestión, “por lo que si todo se hubiera liquidado en fecha habría sido una cuantía inferior a la que con toda probabilidad a fecha de hoy tendrá que abonar el equipo de gobierno”.

 

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