El TSJA reconoce que las modificaciones realizadas por el Ayuntamiento de Isla “se ajustan a derecho”

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha reconocido que las modificaciones realizadas por el Ayuntamiento de Isla Cristina en 2012 –cuando tuvo que aplicar las reducciones de jornada y sueldo a la plantilla del Consistorio debido a la caída de ingresos– “se ajustan a derecho”.

Según ha informado el Ayuntamiento de la localidad en una nota, el TSJA asegura que “las reducciones de jornada laboral y sueldo son legales”, indicando además que lo aludido por los servicios jurídicos municipales sobre que la comisión paritaria se tenía que dar por enterada de los acuerdos adoptados porque todos sus miembros son los mismos que los de la comisión negociadora, “viene a ratificar lo esgrimido desde el principio por el equipo de Gobierno”.

Del mismo modo, asegura que la sentencia dice que si USO, el sindicato denunciante, entendía que la Comisión Paritaria debiera haber sido convocada para ratificar los acuerdos adoptados, “en vez de recurrir, deberían haber solicitado su celebración”.

Por tanto, el equipo de gobierno municipal se congratula de esta nueva circunstancia, que “posibilita la continuidad de todos y cada uno de los empleados públicos en las actuales condiciones laborales”.

Cabe recordar que en una primera instancia, el Juzgado número 2 de lo Social de Huelva dio la razón al sindicato, sentenciando que se había producido un fallo en el procedimiento al no pasar el acuerdo final por la aprobación de la comisión paritaria, circunstancia ésta que el Ayuntamiento no compartía porque dicho órgano está compuesto por los mismos miembros de la comisión negociadora e interpuso un recurso.

La sentencia, aseguran desde el Consistorio isleño, supuso “un duro revés que frenaba las aspiraciones del equipo de gobierno de no despedir a ningún empleado público”, ya que, de no haberse recurrido, el Ayuntamiento se hubiera visto obligado a restituir a todos los empleados en su jornada laboral y sueldos, así como abonar lo que les hubiera correspondido de percibir durante ese tiempo, una cuantía que superaba los tres millones de euros.

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