Palos proporciona comida, ropa y alojamiento a los afectados por el incendio

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DSC_6815 DSC_6835La noche del pasado domingo un incendio arrasó unas 60 chabolas de un asentamiento de inmigrantes africanos ubicado en las inmediaciones del Polígono San Jorge de Palos de la Frontera. Según el alcalde de la localidad, Carmelo Romero, la mitad de las chabolas estaban sin ocupar y no ha habido que lamentar daños personales. Unas 35 o 40 personas a las que el fuego les sorprendió sobre las cinco de la madrugada pudieron salir por sus pies aunque lo han perdido todo. Según la Guardia Civil, la causa del fuego pudo ser una hoguera mal apagada.

El alcalde, acompañado por miembros de su Gobierno, agentes de la policía local y representantes de Cáritas se desplazarón el domingo hasta el lugar de los hechos para valorar la situación y dar una respuesta de auxilio inmediata a las personas afectadas por esta desgracia.

Sobre las tres de la tarde del domingo se reunía una Comisión de Emergencia en el consistorio palermo. El equipo de Gobierno y los responsables de la Policía Local y del Area de Asuntos Sociales determinaron con rapidez las líneas de actuación.

A partir de la recopilación de todos los datos, se planteaban dos frentes; uno encaminado a dar una respuesta a corto plazo a las necesidades básicas de los afectados: ropa, comida y techo. Y otro encaminado a hacer las gestiones oportunas que permitieran determinar la documentación perdida y su posible recuperación mediante duplicados.

En cuanto a las necesidades básicas el primer edil hizo las gestiones oportunas con distintas ONG como Caritas, Cruz Roja y ACCEM. A unas 35 personas se les propició almuerzo y cena y una veintena fue realojada en la nave que ACCEM tiene en el poligono San Jorge. El resto pudo encontrar cobijo con amigos y conocidos.

El Área de Asuntos Sociales sigue trabajando, a través del Ropero de Caritas y Cruz Roja, para proporcionar ropa a los que la necesiten.

En cuanto a la documentación, Carmelo Romero ha mantenido esta misma mañana una reunión con Extranjería y con responsables de la Subdelegación de Gobierno para determinar la puesta en marcha de una oficina que puedan gestionar todo lo referente a la documentación perdida.

El alcalde ha querido dejar claro que las competencias en esta materia son de la Junta de Andalucía pero que siendo consciente de la necesidad de una respuesta inmediata en una situación así el Ayuntamiento se ha mostrado desde el primer momento dispuesto a ofrecer toda su colaboración intentando, por solidaridad, encauzar esta desgracia que ha ocurrido.

Los afectados son principalmente de Senegal, Mali, Gambia, Guinea y el Shara.

El alcalde ha reflexionado sobre la realidad de los asentamientos chabolistas de inmigrantes como una cuestión que hay que erradicar. En este sentido todas las administraciones tenemos que ir de la mano para poner en marcha políticas que den soluciones definitivas. “Nosotros haremos un esfuerzo especial mirando sobre todo, nuestro entorno”, matizó.

DELEGADO DEL GOBIERNO

Por su parte, el delegado de la Junta en Huelva, José Fiscal, se ha mostrado convencido este lunes de que hay que hacer “un esfuerzo entre todos” para resolver el problema de los asentamientos en la provincia puesto que se trata de una situación “indigna e impropia del siglo XXI”.

A preguntas de los periodistas sobre el incendio que tuvo lugar la madrugada del pasado domingo en un asentamiento de Palos de la Frontera, ubicado en las inmediaciones del Polígono San Jorge y que arrasó unas 60 chabolas, Fiscal ha recordado que es competencia de los ayuntamientos el tema de los asentamientos, pero ha remarcado que es una situación que “no es fácil de resolver” por lo que ha apostado por “entre todos” intentar dar solución a esta problemática.

El delegado ha explicado que la administración regional tuvo conocimiento “desde primera hora” de este suceso, de manera que servicios dependientes de la Junta, como el Infoca, intervinieron en las labores para sofocar las llamas.

Cuestionado por si el Consistorio de Palos ha solicitado algún tipo de ayuda a la Junta, Fiscal ha asegurado que “de momento” no tiene comunicación alguna a ese respecto.

Tras lamentar que “de nuevo” se haya producido un incendio de este tipo, ha reiterado que los asentamientos son competencia de los ayuntamientos y en cuanto a la Junta, ha subrayado que ésta tiene elaborado un estudio de cada asentamiento de la provincia, “especialmente a la parte que se refiere al potencial peligro de un incendio forestal”.

En este sentido, ha especificado que, “como cada año”, se han realizado labores de limpieza de maleza en los alrededores de estos núcleos, que “están perfectamente localizados a través del GPS del servicio del Infoca” que tiene “las coordenadas exactas”.

Así, “si algún día hay una desgracia y el asentamiento está habitado en ese momento no se le puede decir al helicóptero que vaya a actuar al asentamiento de Lepe o de Palos”, por ejemplo, “se le tienen que dar las coordenadas exactas”, ha enfatizado, dejando claro que el fin de la administración es la actuación lo más rápida y eficaz posible.

DERECHOS HUMANOS

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha lamentado este lunes el incendio que tuvo lugar la madrugada del domingo en un asentamiento de Palos de la Frontera, ubicado en las inmediaciones del Polígono San Jorge y que arrasó unas 60 chabolas, así como “la situación inhumana e indigna que viven diariamente miles de personas migrantes en Huelva”, por lo que ha pedido “la implicación real” de todas las administraciones –locales, provinciales, regionales y nacionales– para buscar soluciones efectivas, duraderas, coordinadas e integrales.

En un comunicado, la asociación solicita la creación de una mesa intersectorial en la que la administración, los sindicatos, la patronal, las organizaciones sociales y los propios afectados se unan para buscar y aportan alternativas beneficiosas para todos, así como la creación de un plan holístico que afronte “esta grave situación”, desde una perspectiva amplia, teniendo en cuenta todas las dificultades a las que esta población tiene que hacer frente, como el acceso al trabajo, vivienda, sanidad, inserción social o situación documental irregular.

A su vez, abogan por la puesta en marcha, en el marco de este plan, de una red de recursos en todas las zonas agrícolas que permitan a los trabajadores temporeros no verse obligados a vivir en asentamientos que no disponen de ningún tipo de servicios mínimos.

También solicitan “el cese inmediato e incondicional de todos los desalojos”, ya que la evacuación de un asentamiento sin articular alternativas “sólo provoca el desplazamiento de las personas que lo habitan que, además, pierden sus pocas pertenencias”, así como el refuerzo de cauces sencillos para garantizar que estas personas puedan ejercer su derecho a la atención sanitaria, a la inserción laboral activa y real, a un alojamiento digno y a disfrutar de un servicio de orientación jurídico-legal.

Garantizar el empadronamiento de todas estas personas en las localidades en las que viven y hacer un seguimiento especial a los menores y exmenores tutelados por la Junta de Andalucía, estableciendo los mecanismos que garanticen su protección, son otras cuestiones que las administraciones deberían llevar a cabo, según afirman desde la asociación, o crear un programa integral de trabajo con la población residente tradicionalmente en la zona y que incida en la sensibilización y concienciación social.

Del mismo modo, aseguran que la realidad de los asentamientos chabolistas de personas migrantes “no es nueva”, ya que desde el año 2001 parte del colectivo de temporeros, que también saca adelante la recolección de las fresas y frutos rojos en Huelva, “malvive bajo plásticos de forma más o menos estable alrededor de los invernaderos de la provincia onubense”.

En 2014, Cáritas contabilizaba unas 1.500 personas en esta situación y, aunque en un principio se trató de campamentos temporales, “ahora son permanentes y carecen de todos los elementos básicos que permiten vivir con dignidad, como la luz, agua, materiales adecuados de construcción, alimentación y saneamientos”.

La crisis, además, según aseguran desde Apdha, “ha agudizado la situación”, a lo que añaden que la asociación “lleva años denunciando y proponiendo soluciones para esta situación”, sin embargo “gran parte de las actuaciones de las administraciones públicas ha ido destinada a destruir los asentamientos en lugar de buscar soluciones”.

 

 

 

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