El Tribunal de Cuentas cita a declarar a Juan Márquez por los ERE

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Juan Márquez cuando acudió a declarar a la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía.

Juan Márquez cuando acudió a declarar a la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía.

La sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha citado para el 24 de febrero a los exdirectores de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero y al onubense Juan Márquez, a seis ayuntamientos y a 40 empresas por dos piezas que instruye este órgano fiscalizador relacionadas con los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) detectados por la Junta de Andalucía y por las que se reclama un montante cercano a los cien millones de euros.

Según han explicado a Europa Press fuentes del Tribunal de Cuentas, el procedimiento hace referencia a dos de las tres piezas que instruye este órgano a raíz de una denuncia formulada por el PP-A en 2011. La instrucción de la tercera pieza aún no está tan avanzada, pero, según han indicado las mismas fuentes, es la que tienen una reclamación más cuantiosa.

Por un lado, por una de esas piezas, la instructora ha citado, a las 9,30 horas, a Guerrero, que fue director general de trabajo de la Junta entre 1999 y 2008, y a su sucesor, Juan Márquez, que ocupó el cargo entre 2008 y 2010. Cabe recordar que los dos están imputados en el proceso penal que instruye la juez Mercedes Alaya.

Por otro lado, a las 13,00 horas deberán comparecer los representantes de seis consistorios y 40 empresas, implicadas por subvenciones directas y ERE con prejubilados que supuestamente no se ajustarían a la legalidad vigente.

Según ha adelantado este viernes el diario El País, el órgano fiscalizador pedirá a los supuestos responsables de las irregularidades que “depositen o afiancen el importe provisional del alcance, junto el cálculo también provisional de los intereses que pudieran resultar procedentes bajo apercibimiento de embargo”.

Cabe recordar que, como han explicado fuentes de Cuentas, la causa procede de una denuncia que formuló el PP-A en el año 2011 por los ERE con el objetivo de que este órgano “depurase responsabilidades contables y, en la medida de lo posible, se reintegren aquellos fondos que han sido indebidamente usados y que deberían servir para pagar a trabajadores en dificultades”.

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