Abogados de Trigueros atenderán a los afectados por las hipotecas

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acuerdo abogados trigueros-46_nEste pasado lunes se ha formalizado el acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Trigueros y un grupo de letrados y letradas del municipio con el fin de colaborar con la población  afectada por las hipotecas.  A través de dicho acuerdo se establece un protocolo de actuación mediante el que se articulará una primera consulta gratuita para que la ciudadanía triguereña afectada por hipotecas, clausulas suelo, condiciones abusivas o cualquier otro tipo de problemática relacionada con el derecho a la vivienda pueda ampararse en los despachos profesionales  de Trigueros.

El convenio comenzó a fraguarse hace aproximadamente un mes entre el Teniente de Alcaldía triguereño, Manuel Rubiales, y el abogado Rubén Soto, los cuales coincidieron en la necesidad de diseñar algún tipo de actuación conjunta ante la constante problemática, añadida al drama social, que cada día se vive con el tema de la vivienda tanto en los despachos profesionales de los letrados y letradas como en el Ayuntamiento. Al acuerdo, además del mencionado, se han unido los gabinetes jurídicos de Irene Moreno Cuadri, Eduardo Morera Gálvez, Antonio Abad Caro Dominguez, Domingo Flores Hermoso, Elvira del Carmen Robles, Elena Ramos Pérez y Rosana Ponce Ponce, todos ellos con presencia profesional en Trigueros.

Con la firma del convenio, en palabras de la Alcaldesa, Victoria Caro, (I.U.) “se avanza en una materia especialmente delicada y de una dramática repercusión social, y gracias al sentido solidario y al compromiso de los letrados y letradas colaboradores, podremos actuar tanto desde el punto de vista político o social, como hasta ahora hacía el Ayuntamiento, como con la fuerza profesional y legal  de los despachos jurídicos, aunando esfuerzos por intentar paliar los efectos  demoledores de una crisis que sigue dejando victimas entre nuestros vecinos y vecinas”

Por su parte los abogados y abogadas que acudieron a la firma coincidieron en la necesidad de tomar una conciencia social que vaya más allá de las palabras y se traduzca en hechos, en este caso en acciones legales, que incidan en la defensa de los derechos y las garantías de los ciudadanos.

 

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