El grupo socialista lleva a pleno su rechazo a la Ley de Seguridad Ciudadana

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El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Huelva exigirá en el próximo pleno ordinario que se le inste al Gobierno de España la retirada inmediata del Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, “por restringir de manera arbitraria el derecho de manifestación pacífica de las reivindicaciones de los ciudadanos”. Además, el portavoz de los socialistas en el Consistorio capitalino, Gabriel Cruz, ha añadido que “se pone en riesgo el ejercicio de derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución, y se vulneran los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica”.

Según Cruz, la ley, recientemente aprobada por el PP, “es una merma de los derechos y libertades de las personas ya que incluye sanciones administrativas más graves que las vigentes para una misma conducta, y eleva el número de infracciones, algunas cuestionables, limitando los derechos de los ciudadanos”. Del mismo modo, “se coartan derechos básicos como la libertad de expresión, reunión y manifestación, recogidos en la Constitución como derechos fundamentales”. Por otro lado, “se produce una pérdida de las garantías procesales de los ciudadanos, ya que una persona podrá ser sancionada con el mero testimonio de un agente de la autoridad”.

El socialista ha indicado que con esta ley se considera una infracción grave actos que pretendan impedir la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, “lo que parece especialmente pensado para sancionar a quienes intentar impedir los desagradables desahucios, sancionando la mera pretensión de oponerse, sin necesidad de que los actos lleguen a ser obstrucción al desahucio”. Asimismo, la ley condena el hecho de discutir con un agente de la autoridad ante la negación de identificarse, por descolgar una pancarta en un edificio público o la difusión de una concentración de protesta por una detención.

En definitiva, “el Partido Popular ha aprobado una norma que controla y limita libertades, un hecho inadmisible en un país democrático”. Por ello, el grupo socialista exige que desde el Ayuntamiento se le inste al Gobierno central la retirada de dicha ley. Además, también se solicita que el Consistorio manifieste su rechazo porque los funcionarios públicos de los cuerpos policiales sean instrumentalizados como elementos de represión de la legítima protesta social.

 

 

 

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