Opinión: CCOO inicia la recogida de firmas para regular el Registro Civil

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La ILP nace con el objetivo de recuperar el consenso en la regulación del Registro Civil que hubo con la aprobación de la Ley 20/2011, de Registro Civil, que todos los partidos políticos votaron a favor. El PP incluso llegó a afirmar que no hacía falta reformar el Registro Civil pues funcionaba razonablemente bien.

La asignación del Registro Civil a los Registradores, impuesta por el Gobierno mediante el RDLey 8/2014, aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (BOE de 5 de julio de 2014), posteriormente convalidada como Ley 18/2014 (BOE de 17 de octubre de 2014), cuenta con la oposición de todas las fuerzas políticas salvo el PP.

Decenas de ayuntamientos, numerosas Comunidades autónomas, todas las organizaciones sindicales del ámbito de la Administración de Justicia, la Plataforma Justicia para Todos, casi todas las asociaciones judiciales, numerosos colegios de abogados y procuradores, las asociaciones de consumidores y usuarios más importantes, todos los grupos parlamentarios excepto el PP, etc se han pronunciado en contra de la privatización del Registro Civil y la atribución de su llevanza a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles. Un servicio público como el Registro Civil no se puede gestionar como si fuese una empresa privada, que es lo que son los Registros de la Propiedad y Mercantiles. Y es que los Registradores no son funcionarios públicos, la Unión Europea ha determinado mediante sentencia que no tienen este carácter de funcionarios públicos. El propio Gobierno en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, determina que “a partir del 1 de enero de 2015, quedarán integrados en el Régimen especial de Seguridad social por cuenta propia o autónomos”

Se quiere pasar de 8.122 Oficinas de Registro Civil repartidas por toda España entre Juzgados de Paz, Juzgados de Primera Instancia y Registros Civiles exclusivos, a poco más de 100 oficinas, concentradas en las capitales de provincia. Por tanto en Huelva desaparecerán los 6 registros civiles principales y los 16 Registros Delegados (Juzgados de Paz), al igual que el servicio de Registro Civil que se prestan los Ayuntamientos. Y, hay que tener presente que los registros afectan a más de un millón de ciudadanos al año sólo en trámites obligatorios como nacimientos, defunciones y matrimonios y que tramita cada año 1,4 millones de asuntos gratuitos para los ciudadanos. A ellos se dedican alrededor de 4000 funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia, incluidos Secretarios, que han aprobado una oposición para acceder a su puesto de trabajo y en cuyo temario se incluyen temas sobre Registro civil, prestan en la actualidad servicios en los Registros Civiles de España. La confidencialidad de los datos de todos los ciudadanos están garantizados por el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, y por su régimen de responsabilidad. Todo al contrario de lo que sucedería si fuesen los Registros Mercantiles y su personal quienes se hiciesen cargo del Registro Civil.

Se han digitalizado, a costa del Estado y de la Unión Europea, 432 Registros Civiles principales y numerosos Registros Delegados (Juzgados de Paz) , que suman más de 123.000 tomos, o lo que son lo mismo, 80 millones de páginas digitalizadas. El coste de la renovación tecnológica y organizativa ha costado a los españoles más de 130 millones de euros, dinero que ahora se regala a los Registradores para que obtengan beneficios con los datos de todos. Y ahora, el Gobierno va a introducir, a propuesta de los Registradores, el cobro por trámites que hasta el momento son gratuitos e introducir la obligación para que se registren otros actos que hasta el momento no son obligatorios y aplicarles aranceles que pagaría la ciudadanía. Con un arancel de 100 € por expediente de nacionalidad y de matrimonio (que será mucho más) los ingresos serían de 25 millones de € al año.

Esta Iniciativa Legislativa Popular se suma a otras acciones que en CCOO hemos llevado a cabo, impulsando mociones y resoluciones de centenares de ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos, implicando a los grupos parlamentarios de la oposición y partidos políticos, requiriendo a la Defensora de Pueblo para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, denunciando ante la Fiscalía General del Estado por adjudicación del “negocio” a miembros del Gobierno y familiares y amigos, denunciándolos también ante la Comisión de Conflictos e Intereses y convocando centenares de actos de protesta ante los Registros Civiles de toda España, como la CONCENTRACIÓN que realizaremos en HUELVA mañana JUEVES 26 DE MARZO, a las 12:00 horas, y que se repetirán en todas las provincias andaluzas.

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