Opinión: La Junta tarda tres meses en sustituir las bajas del personal de Justicia

(Texto: USO)  Cuando un funcionario de justicia de Andalucía se ausenta de su puesto de trabajo con motivo de una enfermedad,  su puesto de trabajo se queda desocupado durante tres meses hasta que pasado ese plazo la Junta de Andalucía decide cubrirlo por personal interino que se haga cargo de la sustitución. Este retraso injustificado está perjudicando gravemente a los ciudadanos andaluces y al servicio público de justicia en nuestra Comunidad Autónoma.

Este retraso en la cobertura de bajas por enfermedad triplica al tiempo que tardan otras comunidades autónomas,  donde estas bajas se cubren, como mucho, en el plazo de un mes desde que se producen y así está expresamente regulado en la normativa específica de Cataluña,  Aragón,  Cantabria,  e incluso en el territorio que gestiona directamente el Ministerio de Justicia por no haberse transferido aún las competencias de Justicia (en conjunto once comunidades autónomas).

Por ello desde SPJ-USO se va a iniciar una campaña de denuncia de este agravio injustificado que se produce en Andalucía,  siendo además la Comunidad autónoma con más carga de trabajo de todo el territorio nacional según datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial.   Esta campaña va a incluir la recogida de firmas contra esta medida entre los compañeros destinados en todos los órganos judiciales y fiscales de Andalucía.

En Andalucía hasta el año 2013 se producía esta cobertura en el plazo de un mes,  y fue en dicha fecha y como consecuencia del ajuste presupuestario realizado por la Junta de Andalucía, cuando se implantó esta gravosa medida, de dilatar la cobertura de bajas tres meses.

Desde SPJ-USO nos preguntamos si nuestros gestores son conscientes de lo que ocurre en un negociado de un Juzgado cuando durante tres meses nadie lo atiende,  y del tiempo que hace falta para reflotarlo después.   ¿Dónde queda el derecho fundamental a un juicio sin dilaciones indebidas? ¿Importamos realmente los ciudadanos para los gestores políticos, que parecen estar sólo preocupados por los titulares en los medios de comunicación?.

SPJ-USO exige que esta medida se deje sin efecto cuanto antes,  pues perjudica enormemente al ciudadano y al servicio público esencial de Justicia en nuestra comunidad autónoma, ahonda aún más en el colapso de los órganos judiciales y fiscales andaluces y aumenta la brecha con respecto al resto de comunidades, que soportan una menos carga de trabajo.

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