Las partidas para funcionamiento de centros docentes bajan casi el 30%

Los centros educativos públicos han sufrido una bajada de sus partidas para gastos de funcionamiento entre un 20% y un 30% durante los dos últimos años, según un informe realizado por el sindicato CSIF que señala “una precariedad no exenta de cierto dramatismo cuando en muchos casos el primer ingreso del curso escolar se dilata hasta el mes de febrero y los equipos directivos tienen que echar mano del escaso remanente que les quedó, priorizar facturas y sobrevivir a duras penas”, según el sector de Enseñanza de la central sindical.

Afirma, en este sentido, que “desde la Junta se lanzan proclamas en defensa de la educación pública y después se somete a los centros a una especie de economía de guerra, sin surtirlos de fondos hasta mediado el curso, recortando la partida y actuando con arbitrariedad e improvisación”. Además, el sindicato asegura que “la delegación provincial no tienen margen de maniobra frente al centralismo impuesto desde la Administración”.

Además, la tramitación electrónica implantada en los centros públicos a través del programa Séneca, que teóricamente agilizaría el aspecto contable de los centros, propicia una doble contabilidad entre los denominados “ingresos previstos” y “los ingresos reales”. CSIF explica que los secretarios deben aceptar esta doble contabilidad porque “si no firman el ejercicio económico del curso anterior antes del 30 de octubre no reciben el primer pago del presente. Esto se suma a la previsión de la Consejería de eliminar las partidas por Programas Educativos -lo que les confería alguna maniobrabilidad a los centros- y al hecho de que la reducción de los gastos de funcionamiento ha recaído exclusivamente en los centros públicos, porque a los concertados se les ha congelado, nunca recortado”.

Por todo ello, “en los centros existe angustia e indignación ante la imposibilidad de acometer mejoras o reparaciones. No pueden hacerse labores de mantenimiento salvo casos extremos, existe ahogo en los institutos por la presión fiscal en recibos como el IBI, la basura o el agua, problemas con los proveedores y se pagan gastos de funcionamiento, incluso, con el dinero recaudado de las fotocopias”, concluye CSIF.

 

 

 

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