Trabajadoras de la empresa del exalcalde de Aljaraque desconocen el cobro de grandes cantidades

Tres trabajadoras de la empresa, de la que eran socios el exalcalde de Aljaraque Juan Manuel Orta y A.G.V., economista de profesión, han declarado este miércoles ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva en la tercera sesión del juicio contra el exprimer edil por un delito contra la Hacienda Pública y por otro continuado de falsedad en documento mercantil; contra el que fuera su concejal de Urbanismo entre 2003 y 2007, Casto Pino, cuya esposa también ha declarado, y contra A.G.V., acusado por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y también contra la Hacienda Pública.

Durante su intervención, las tres han coincidido en señalar que desconocían el cobro de grandes cantidades en metálico en la empresa. De hecho, una de ellas ha remarcado que en la oficina existe “una caja con dinero destinado al pago de pequeñas cantidades”, así como que no vio “ningún pago en efectivo en billetes de 500 euros”.

En este sentido, ha precisado que las empresas que trabajan con esta compañía “no son muy grandes”, a lo que ha añadido que “también atiende a particulares”. A su vez, ha señalado que “la empresa tiene capacidad de rentas y siempre ha ido bien”.

De igual modo, ha detallado la compra de dos pisos en 2004, en Islantilla y en El Portil, por parte de la empresa y que ella misma llevaba su gestión cobrando los alquileres.

Otra trabajadora ha indicado que “algunos clientes pagaban en efectivo” en la misma empresa, pero ha insistido en que desconoce “el cobro de grandes cantidades”, no obstante ha precisado que los alquileres los cobraba Orta en el propio apartamento.

Cabe recordar que este martes, declararon, en calidad de testigos, dos guardias civiles. Uno de ellos, de Vigilancia Aduanera, remarcó que en el marco de la investigación hallaron un desfase de 300.000 euros en las cuentas del exalcalde desde 1997 a 2005, teniendo en cuenta los ingresos y los gastos.

El agente aseguró que esta investigación partió de una unidad combinada entre la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, a raíz de una petición de auxilio por parte de la Agencia Tributaria para que se investigaran estos hechos.

Así, durante la misma, este agente señaló que desde noviembre de 2006 hasta febrero de 2007, que fue cuando se dictó un auto de incoación de diligencias previas, estuvieron “investigando sin dar cuenta al juez” y fue cuando “se focalizó la investigación en el desfase patrimonial de 300.000 euros entre 1997 y 2005, entre lo que ingresó Orta y su volumen de gastos”, etapa en la que tuvieron en cuenta todas las líneas de crédito de las que tenían conocimiento.

INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA
Sobre la empresa, de la que exprimer edil y A.G.V., eran socios, aseguró que para analizar su situación se tuvieron en cuenta los balances, los ingresos legales declarados y las operaciones de compra y venta, concluyendo que “generaban bastante dinero en efectivo y que desde 2002 la empresa trabajó y recibió remuneración por parte de personas que no eran clientes y que rezaba como dinero negro”.

De igual modo, insistió en que los administradores “retiraban grandes cantidades de dinero para su aprovechamiento personal, un dinero que a veces repartían y otras veces invertían en bienes inmuebles”. No obstante, ambos guardias civiles aseguraron que ninguno de los dos son economistas ni contables.

También declaró la mujer de Casto Pino, quien reconoció la posesión de una finca en Alosno y de dos naves en el polígono La Raya, en Aljaraque, que se compraron “con la economía familiar”, a lo que añadió que su marido “lleva trabajando 40 años” y que contaban con el sueldo que ella percibe con su trabajo.

DINERO SIN DECLARAR
Cabe recordar que este lunes, tanto el exalcalde como el socio, acusado por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y también contra la Hacienda Pública, reconocieron que, a través de la empresa, recibían dinero que “no declaraban”.

Por su parte, el tribunal de la Sección Primera ha declarado nulas las escuchas telefónicas y ha considerado prescrito el delito de falsedad documental, tal y como solicitaron los letrados durante la exposición de las cuestiones previas.

A su vez, el tribunal ha rechazado el recurso de súplica interpuesto por el Ministerio Fiscal y ha admitido nuevas pruebas periciales y documentales propuestas por las defensas. El juicio continuará este jueves con las declaraciones de más testigos.

CINCO AÑOS Y MEDIO DE PRISIÓN
Para el exalcalde el Ministerio Fiscal pide cinco años y medio de prisión por ambos delitos y además solicita una multa de más de 300.000 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres años.

A su vez, para Casto Pino la Fiscalía pide ocho años y medio de prisión por los tres delitos y su inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cuatro años, además de una multa de 1,4 millones de euros. También solicita, al igual que para el exalcalde, la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un tiempo de tres años.

Para A.G.V., las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal son las mismas que para el exregidor, cinco años y medio de prisión y más de 300.000 euros de multa.

En concepto de responsabilidad civil la Fiscalía solicita que Castro Pino indemnice al Ministerio de Hacienda con la totalidad de la deuda tributaria no ingresada por el IRPF del año 2003 y 2005, que asciende a 512.506 euros; el exalcalde con 146.101,60 euros, que es la totalidad de la deuda por lo defraudado en 2004 y el acusado A.G.V., con 180.826 euros, que es la deuda contraída en este mismo periodo.

La causa comenzó a investigarse a raíz de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en Madrid presentada en enero de 2007 por un empresario y exmilitante del PP en la que acusaba a Orta y Pino del supuesto cobro de comisiones a cambio de licencias de obra y convenios urbanísticos. Por estos hechos, tanto el concejal como el exalcalde fueron detenidos en abril de 2008 quedando en libertad con cargos posteriormente.

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