CSIF acusa al Ayuntamiento de Ayamonte de “persecución sindical”

El Ayuntamiento de Ayamonte le ha hecho llegar al sindicato CSIF una carta de pago por valor de 303,90 euros en concepto de “prestación de servicios de personal y vehículos municipales”, en concreto dos agentes y un coche, durante dos horas cada uno de los días en los que esta organización se ha manifestado en el municipio por los impagos de la nómina a la plantilla. La central sindical ha protagonizado numerosas movilizaciones desde el pasado verano ante la deuda que el consistorio iba acumulando con sus trabajadores a los que se les llegó a deber más de seis nóminas.

Las protestas han sido constantes “por la falta de soluciones y la negativa del equipo de gobierno a negociar con los representantes sindicales” y por ello, “parece que la corporación se ha molestado y ahora quiere hacernos pagar por enviar agentes de la Policía Local y un coche patrulla a cubrir las diferentes movilizaciones que hemos protagonizado en Ayamonte”, denuncia el responsable provincial del sector de Administración Local de CSIF, Rafael Lozano.

El portavoz de la central sindical explica que “todas las manifestaciones han sido autorizadas por la Subdelegación del Gobierno a la que se ha informado de la naturaleza de cada una de ellas y es el propio Ayuntamiento el que, una vez recibida la notificación, decide qué medios destina para garantizar su seguridad y su normal desarrollo”. Lozano asegura que es la primera vez que “se cobra a una organización por enviar personal del Ayuntamiento a hacer su trabajo, por un servicio público o, lo que es lo mismo, que se multe a un sindicato por manifestarse”.

El consistorio se ampara, para justificarlo, en una ordenanza en la que se hace referencia a tasas municipales por la prestación de servicios especiales tales como “espectáculos públicos, grandes transportes o pasos de caravanas”. Para Rafael Lozano, se trata “de una sanción económica encubierta y de una persecución sindical, algo absolutamente ilegal porque las movilizaciones estaban autorizadas. Flaco favor hace esta Administración local a la democracia con su forma de actuar imponiendo tasas por ejercer derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente. Se está tratando de poner una mordaza a este sindicato que está actuando en defensa de los derechos de los trabajadores municipales”.

Por todo ello, CSIF ya ha puesto el caso en manos de su asesoría jurídica para interponer un recurso administrativo ante lo que considera “un atropello, una medida inconstitucional, injusta y arbitraria”. El sindicato espera que se trate de un error burocrático ya que, de lo contrario, planteará un proceso jurisdiccional por la vulneración de derechos fundamentales recogidos en la Constitución y en la Ley de Libertad Sindical. “Estamos hablando, en la práctica, de uno de los pocos medios de los que disponemos para expresar públicamente nuestras reivindicaciones y, si nos cobran por manifestarnos, se está vulnerando el derecho a la libertad de reunión y de expresión”, explican desde la central sindical.

“A este paso sólo los más pudientes, los que puedan costear las tasas municipales, podrán manifestarse y, siguiendo esa misma lógica del Ayuntamiento, tendría que cobrarle a las hermandades que peregrinan a El Rocío, a las trabajadoras de la limpieza que también se concentran habitualmente o a los colectivos que protagonizan mesas informativas o recogidas de firmas”, sentencia Lozano.

 

 

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