El juez descarta tres de los cuatro delitos de los que se acusaba al alcalde de Cartaya

El alcalde de Cartaya, Juan M. Polo, ha informado este martes que el titular del Juzgado de primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte, ha desestimado, en su primera resolución, tres de los cuatro supuestos delitos por los que lo denunció un vecino de la localidad, “activo militante socialista” según la nota emitida por Polo, relacionados con la construcción de dos edificaciones supuestamente en suelo no urbanizable, llevadas a cabo en 1995 y 2003.

En respuesta al recurso interpuesto por la defensa del primer edil por la admisión a trámite de esta querella, y en el marco de las diligencias previas, el juez ha descartado de entrada los presuntos supuestos contra la Ordenación del Territorio, contra el Medio Ambiente y de Falsedad Documental, y sólo admite a trámite uno de los supuestos, según el primer edil, “con la intención de investigar si se hubiera dado una posible prevaricación administrativa por omisión, y en mi caso no se hubiera actuado como en el del resto de los vecinos de la localidad”.

El regidor local asegura que “tengo mi conciencia muy tranquila, porque en todo momento he recibido siempre el mismo trato que el resto de vecinos”. Aclara al respecto que, una vez se ha admitido a trámite la querella por este aspecto, “el procedimiento entra en un momento procesal en el que ya sí se tendrán en cuenta mi declaración y los argumentos aportados al respecto, y que dejan claro que, en el caso concreto de las edificaciones del alcalde, resultaba incoherente poner en marcha un expediente concreto de restauración de la legalidad diferenciado, precisamente porque ya estaba en marcha por parte del Ayuntamiento un procedimiento general de carácter extraordinario para legalizar todas las edificaciones en la misma situación del término municipal, precisamente para darles a todas ellas el mismo trato”.

Eso, añade, “lo han podido comprobar todos los vecinos, y siempre se ha actuado de la misma manera con todos, porque se entendió desde un principio que había que solucionar la situación de los cerca de 1.000 propietarios afectados”. Estos argumentos, detalla Polo, así como el hecho de que el procedimiento general de legalización ya ha sido definitivamente aprobado en pleno y ya se está procediendo a la normalización de todas las edificaciones en las mismas circunstancias en el término municipal, “todavía no han sido tenidos en cuenta en esta primera fase de admisión a trámite, pero ya si se tendrán en cuenta en la siguiente, con lo que quedará probado que no ha habido trato de favor y que nunca he usado mi cargo para favorecer ninguna edificación”.

El primer edil insiste en señalar que “detrás de la querella, que interpone no un vecino cualquiera, sino un activo militante socialista, hay una clara persecución política, con el único objetivo de manchar mi nombre y mi reputación y todo ello quedará demostrado cuando finalice el proceso”.

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