Extrabajadores del Ayuntamiento de Cartaya denuncian por prevaricación administrativa

Cinco extrabajadores del Ayuntamiento de Cartaya de los 17 despedidos en diciembre de 2012, tras alegar el equipo de gobierno, liderado por el alcalde independiente Juan Polo, que no tenía presupuesto para mantener sus puestos de trabajo, se han unido a la petición realizada por el Tribunal Superior de Tribunal de Andalucía (TSJA) a la Fiscalía para que investigue al Consistorio cartayero por el supuesto pago de indemnizaciones laborales a estos extrabajadores a cargo de una subvención de 288.627 euros destinada a una escuela infantil.

Según reza en la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, los hechos podrían constituir un delito de prevaricación administrativa y una malversación de caudales públicos.

Los trabajadores afectados recibieron un cheque con 8.521 euros en diciembre de 2102 –por retrasos de pagas extras y algunas nóminas– ofertando el mismo día el Ayuntamiento el abono del conjunto de lo atrasado, a condición de que suscribieran un documento de saldo y finiquito renunciado al ejercicio de acciones.

De todos los afectados, 13 se negaron a firmarlo, únicamente el pago de las nóminas, y fueron abonados los atrasos, pero los tres que sí firmaron cobraron todas las indemnizaciones el mismo día, según relata el juez del TSJA, recibiendo el demandante unos días después “un cheque con importe de 9.810 euros en concepto de indemnización por extinción de contrato por causas objetivas”.

Por ello, el juez considera que se podría haber cometido prevaricación administrativa y una malversación de caudales públicos, dada no sólo la desviación de la finalidad de los caudales públicos como también la existencia de indicio de irregularidad en el uso de esa subvención finalista, destinada para una escuela infantil, por vía de prevaricación –“dada la aparente arbitraria, irrazonable y flagrante contrariedad a las normas jurídicas de la resolución que decidió modificar dicha finalidad”–.

Por estos motivos, ve “oportuno” que se investiguen las posibles responsabilidades administrativas, penales y contables que puedan derivarse de la decisión y la suficiencia del marco legal eventualmente utilizado, acordándose el envío a la Fiscalía provincial de Huelva para su oportuna investigación, petición a la que se han unido estos cinco extrabajadores.

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