WWF lamenta que el nuevo trasvase a Doñana de 4,99 hm3 “no resuelva la ilegalidad en el uso del agua”

La organización WWF ha lamentado este viernes la aprobación por parte del Consejo de Ministros del trasvase de 4,99 hm3 de agua al Condado, para responder a las necesidades de regadíos del entorno de Doñana. A juicio de WWF, esto “no resuelve la ilegalidad en el uso del agua”.

En un comunicado, WWF ha alertado que el agua trasvasada “podría destinarse íntegramente a los regadíos del entorno de Doñana, a pesar de que el proyecto se enmarca entre las medidas excepcionales para la lucha contra la sequía para asegurar el abastecimiento urbano”. WWF ha lamentado “la falta de participación y transparencia en todo el proceso”, amparado en la condición de “medidas excepcionales”.

La organización ha lamentado que se proponga un trasvase con “un enorme coste económico, social y ambiental sin haber aplicado antes otras medidas básicas que exige la normativa europea y española”.

A su vez, recuerdan que en la resolución de 15 de febrero de 2008, el Consejo de Ministros acordó una transferencia de 4,99 hm3 anuales de aguas superficiales desde la Cuenca Atlántica Andaluza hasta la del Guadalquivir, con el argumento de asegurar “el abastecimiento de los pueblos de la Mancomunidad del Condado de Huelva y la recuperación de los acuíferos de la zona, es decir, doble finalidad de abastecimiento a la población y regadíos”.

Según los datos que maneja WWF, de los cultivos que podrán ser regados, el 63 por ciento de la superficie –541 hectáreas de 858– se encuentra dentro del catálogo de Montes Públicos. Parte podrían legalizarse con el Plan de la Corona Forestal de Doñana (Plan de la Fresa) “pero aún no se sabe cuáles”.

Además, aseguran que, “al menos el 75 por ciento de las fincas se están regando actualmente con pozos ilegales” y han alertado de que el proyecto “sería una amnistía para muchas hectáreas que riegan de manera ilegal”.

La propuesta de trasvase se suma a la de una nueva presa o el recrecimiento de la actual, en el Guadiamar, para poder reabrir la mina de Aznalcóllar, ya que el agua que en su día usaba la mina ahora ha sido otorgada en concesión a otros usos, entre ellos fincas que regaban ilegalmente –algunas han seguido regando desde 2008, a pesar de la sentencia firme del Tribunal Supremo, y han acumulado sanciones por más de 1,5 millones de euros–, han precisado desde la organización ecologista.

“La Confederación del Guadalquivir sigue poniendo parches a los problemas del agua en lugar de perseguir el uso ilegal y poner orden en el caos administrativo alrededor de Doñana”, ha declarado Eva Hernández, responsable del equipo de aguas y agricultura de WWF España.

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