Diego Valderas cobrará 100.480 euros en dos años por su cese en el Gobierno andaluz

El ex vicepresidente de la Junta y ex consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, el onubense Diego Valderas Sosa, recibirá por su cesantía del Gobierno andaluz, tras la ruptura del pacto entre PSOE e IU y la posterior convocatoria de elecciones, 100.480 euros en dos años. La cesantía es algo así como ‘el seguro de paro’ de los dirigentes de un gobierno.

Valderas recibe de manera mensual 4.186 euros, según consta en la relación de asignaciones económicas por razón de cese de los cargos del Gobierno andaluz que se ha publicado en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía.

La ruptura del pacto entre PSOE e IU y la posterior convocatoria de elecciones supondrá un desembolso de más de medio millón de euros (586.173 euros) al erario público andaluz a causa de las cesantías, de las que actualmente solo hay dos en vigor, la ya referida de Diego Valderas y la de Rafael Rodríguez, también de IU, que fue consejero de Turismo y Deporte en el Gobierno andaluz.

La mayoría de los cargos con derecho a cobrar cesantías son miembros de Izquierda Unida, al ser sus cargos públicos los que debieron abandonar el Gobierno. Entre los cesados tras la ruptura del pacto se encontraba también el también onubense Francisco Javier Camacho, aunque con rango de director general, por lo que ha recibido tres meses de indemnización a razón de 4.524 euros al mes, lo que da una cuantía total de 13.572 euros.

Otras cesantías, aunque relacionadas con el Parlamento de Andalucía, han sido hechas públicas. En el caso del diputado socialista por Huelva José Juan Díaz Trillo, la cesantía le otorgaba un derecho a cobrar 7 mensualidades a 4.302, 41 euros, lo que hace un total de 30.116 euros. El también diputado socialista por Huelva Francisco Jesús Fernández Ferrera tenía derecho a tres meses a razón de 3.511 euros, lo que daba un total de 10.534 euros

PORTAL DE TRANSPARENCIA

De los datos hechos públicos a través del Portal de Transparencia se sabe que la Junta de Andalucía cuenta con un total de 238 altos cargos y directivos de máximo nivel, un total de 222 eventuales, y una flota de coches oficiales formada por 4.086 vehículos públicos, de los que 64 se dedican a la representación política.

CRÍTICAS

IU y Podemos han coincidido este miércoles en calificar como insuficiente el Portal de Transparencia puesto en marcha el martes en cumplimiento de la Ley de Transparencia aprobada. Ambos grupos del arco parlamentario aseguran que aún faltan muchos datos, como los detalles de los entes intrumentales, las empresas públicas y las fundaciones vinculadas al Gobierno andaluz.

Antonio Maíllo (IU) ha dicho que es el Portal de “la semitransparencia” porque ahora “queda publicar la otra mitad” de los datos, como por ejemplo todos los gastos y las dietas. Asimismo, ha criticado que sobre el referido portal “se ha hablado de publicar los datos de la administración pública con carácter general” pero ha defendido que “hay que hacerlo también con el sector público, los  entes instrumentales, empresas o fundaciones”. También ah reclamado que se incluyan no sólo los cargos “número uno” si no todos los de libre designación con sus remuneraciones. No obstante, confía en que la Junta de Andalucía lo complete.

Por su parte, la secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha defendido que es necesario que la Junta dé más pasos en pro de la transparencia,porque considera que “algunas de las ventanas del Portal de Transparencia que ha presentado tienen los cristales tintados”. En cualquier caso, ha explicado que “están estudiando el portal” con la ayuda del colectivo Openkratio. También ha insistido en lanecesidad de crear una Comisión de transparencia permanente en el Parlamento andaluz para avanzar en los objetivos.

“Tenemos un compromiso con la transparencia”
Como no podía ser de otro modo, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha apreciado el “compromiso con la transparencia” que manifiesta el Gobierno andaluz con la “traslación de información” que ha realizado ya al Portal de Transparencia, aunque, puntualiza, “la cantidad de datos que maneja la Administración hace que detalles específicos no se hayan podido colgar en el mminuto uno”. También ha mantenido la “voluntad” del Ejecutivo regional de “unificar criterios” para que “ningún directivo de empresa pública gane más que la presidenta”, como se pretende también con los “altos cargos” del Gobierno andaluz.

 

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