La denuncia contra el exalcalde de Almonte por anular un concurso oposición sigue adelante

La Audiencia Provincial sostiene que existen "indicios suficientes de criminalidad"

José Antonio Domínguez Iglesias, ex alcalde de Almonte.

José Antonio Domínguez Iglesias, ex alcalde de Almonte.

La Audiencia Provincial de Huelva ha desestimado el recurso de apelación presentado por el entonces alcalde de Almonte José Antonio Domínguez Iglesias (PP) contra el auto del Juzgado de Instrucción número uno de La Palma del Condado (Huelva), de manera que sostiene que existen “indicios suficientes de criminalidad” en las conductas imputadas en este proceso, el cual se abrió tras la denuncia presentada por un presunto delito de prevaricación al anular el entonces alcalde un proceso de concurso oposición, una vez realizada la selección para tres plazas de auxiliar.

Según reza la resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, se desestima el recurso del exregidor, que va dirigido a “combatir la inicial calificación de los hechos como infracción penal”, así como sostenía que “no deben iniciarse siquiera las diligencias penales para el esclarecimiento de los hechos”, aspecto que, sin embargo, no comparte la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal solicita “el mantenimiento del auto de la incoación de diligencias previas de procedimiento abreviado por delito de prevaricación recaído” con el fin de “acordarse la práctica de las diligencias necesarias para la mejor determinación de la relevancia penal de los hechos denunciados”.

De este modo, el juzgado desestima el recurso porque recuerda que Domínguez como alcalde de Almonte publicó un decreto al día siguiente de publicarse el resultado del concurso oposición convocado para tres plazas de auxiliares, mediante el que anula el proceso de selección “cuando ya las bases que argumenta no ser adecuadas han dado lugar a la celebración de las pruebas y se ha procedido a proclamar a los tres candidatos que han obtenido mejor puntuación”.

Además, añade que “dichas bases de convocatoria podrían haberse anulado antes de proceder a la realización de las pruebas y frustrar las legítimas expectativas de quienes las superaron”.

Así las cosas, el juzgado entiende que “ha quedado suficientemente
determinada la relevancia penal como delito de prevaricación en los hechos denunciados”.

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