Apertura de juicio oral contra los despedidos de Bollullos por intimidar a un abogado

El Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva ha acordado la apertura de juicio oral contra una quincena de extrabajadores del Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado, que fueron despedidos en enero de 2009, por un delito contra la administración de justicia.

Según reza el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado acuerda la apertura del juicio oral y ratifica la libertad provisional para los quince imputados.

Hay que recordar que el Ministerio Fiscal solicitó un año y dos meses de cárcel y una multa de casi 1.500 euros para esta quincena de extrabajadores del Consistorio bollullero a los que acusa de un delito contra la administración de justicia al considerar probado que en noviembre de 2011 persiguieron por la calle al abogado del Consistorio, representado por José Carlos Hernández Cansino, con ánimo de intimidarle, haciendo uso de bocinas y silbatos mientras lo insultaban.

Según reza el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 28 de noviembre de 2011 cuando presuntamente, tras asistir a varias vistas de juicio oral en los juzgados de lo Social en su condición de trabajadores municipales, persiguieron en grupo al letrado. Al mismo, indica que llegaron a amenazarle diciéndole que “tuviera cuidado por la calle a ver si le iba a pasar algo y que lo que tenía que hacer era dejar de trabajar para el Ayuntamiento”.

Estos trabajadores, que fueron despedidos tras una moción de censura contra el PSOE que prosperó en el municipio en junio de 2008, persistieron aquel día en “actitud coactiva” en represalia por la intervención procesal de este abogado en el caso hasta que éste se refugió en un establecimiento hostelero, ubicado en la calle Berdigón del centro de la capital.

En este lugar, según señala el fiscal, también entraron los acusados, llamando el perjudicado a la Policía Nacional tras intermediar un camarero del local para que abandonaran el lugar.

La Fiscalía considera estos hechos constitutivos de un delito contra la administración de justicia, por lo que procede a imponer a cada acusado un año y dos meses de prisión y el pago de una multa de casi 1.500 euros. Para el juicio ha pedido la declaración del perjudicado y de testigos de los hechos.

Por su parte, el abogado José Carlos Hernández Cansino, como acusación particular, ha presentado en su escrito la petición de imponer a cada acusado por el delito la pena de prisión de un año y dos meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio
pasivo durante el tiempo de la condena, multa de ocho meses a razón de seis euros de cuota diaria con un día de responsabilidad personal subsidiaria por cada dos cuotas impagadas y costas.

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