C’s propone la creación de un plan de empleo anual

La provincia de Huelva cuenta con más de 57.000 personas que buscan un empleo y no lo encuentran, según los datos del mes de agosto del Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE). Por ello, Ciudadanos Huelva apuesta, a través de una moción en el próximo pleno de la Diputación Provincial, por la creación de un plan de empleo anual, ya que “el ritmo de la recuperación económica es demasiado lento y no se traslada el crecimiento económico en generación de empleo”, como ha explicado el portavoz de C’s, Ruperto Gallardo.

La formación naranja propone que este plan incluya servicios de asesoramiento de empresas y ciudadanos para optimizar la obtención de fondos, un programa de contratación de parados de larga duración, líneas de apoyo al emprendimiento, contratos de aprendizaje y de prácticas laborales generando una red de solidaridad entre todos los entes públicos locales de la provincia de Huelva, convenios con entidades financieras para la concesión de líneas de micro créditos para pymes y la orientación a los municipios, desde el Servicio de Gestión Tributaria, en medidas para los autónomos y la puesta en marcha de nuevas empresas. “Se trata de poner todos los recursos al alcance de la Diputación para favorecer el emprendimiento y la creación de empleo”, destaca Gallardo.

Pero la puesta en marcha del plan requiere una importante financiación. Por ello, C’s defiende que la institución provincial “presupueste todos los años una partida específica para el Plan de Empleo Provincial”, sostiene el portavoz de Ciudadanos.

Sin embargo, se ha comprobado, por la ejecución presupuestaria de los viveros de empresas o programas como Profea -Programa de Fomento del Empleo Agrario– o el plan Hebe -Huelva Experiencias basadas en el empleo-, que en muchas ocasiones tanto las entidades como los ciudadanos no acceden a estos recursos debido a la falta de información o recursos por desconocimiento técnico-profesional o de procedimiento. Por ello, el grupo provincial de Ciudadanos propone a la Diputación que organice sus servicios de formación y empleo en colaboración con las Mancomunidades y los Grupos de Desarrollo Rural “con la creación de oficinas permanentes de gestión y captación de fondos públicos para el empleo”.

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