Sindicatos lanzan una ILP para establecer una renta mínima de 426 euros

momento_rpLos secretarios generales de CCOO, Emilio Fernández, y de UGT, Francisco Espinosa,  han presentado en rueda de prensa la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para establecer una prestación de ingresos mínimos para cerca de 2,1 millones de personas que carecen de recursos. En la misma han explicado que “se trataría de una  prestación de 426 euros mensuales a personas de 16 a 64 años demandantes de empleo sin ingresos o con ingresos inferiores en cómputo anual al 75% del SMI, 5.800 € por persona al año, y que se percibiría mientras se mantengan las condiciones que dan derecho a la prestación”.  La campaña de recogida de firmas se ha iniciado hoy en la capital con la recogida de firmas en la Calle Concepción y se extenderá hasta el mes de Diciembre.

Emilio Fernández, secretario general  de CCOO en Huelva, ha explicado que  “la justificación de esta ILP viene derivada de la actual situación del país. En Huelva la situación es alarmante, según la EPA hay 68.800 personas en desempleo y  37.014 no perciben ningún tipo de ayuda” así, ha continuado “el 67% de los hogares onubenses  tienen serias dificultades para llegar a final de mes y más de 14.000 familias  viven en hogares sin ingresos de ningún tipo, por lo que los datos por si mismo justifican la necesidad de la propia iniciativa”.

Por su parte, Francisco Espinosa, secretario general de UGT en Huelva, ha definido  la prestación como “vital y urgente para paliar las gravísimas secuelas que ha traído consigo la recesión en materia de desigualdades, salarios y protección social”. En este sentido, Espinosa ha explicado que “a priori no parece que vaya a producirse un repunte significativo para el próximo año en lo que se refiere a creación de empleo y reducción de la brecha que agrava las actuales desigualdades. El Gobierno del PP ha presentado unos PGE que no corrigen, ni de lejos, la brutal hemorragia que han provocado los cuatro presupuestos anteriores”.  Por ello,  el objetivo de esta ILP  “es resolver de esta forma el gravísimo problema de pobreza laboral y de exclusión social de las familias trabajadoras de nuestro país, que ha aflorado con gran brutalidad con la recesión económica y con la crisis”, ha señalado.

A nivel nacional, los sindicalistas han declarado que  dentro de la Unión Europea y tal y como recogen diferentes informes, España es el país  donde más han crecido las desigualdades. Principalmente provocadas por el aumento de la tasa de desempleo, la reforma laboral que ha traído consigo el descenso en 7 puntos de los salarios en los últimos 3 años y las llamadas “políticas de austeridad” que no son más que “recortes para los que más lo necesitan”.  En España hay 13 millones de personas que  viven en la pobreza, 3 millones de personas que viven en pobreza severa y 2 millones de niños que viven por debajo el umbral de la pobreza. Con respecto a la situación de Huelva, Fernández y Espinosa, han resaltado que “43.000 personas viven bajo el umbral de la pobreza”.

Con respecto a las personas desempleadas, los sindicalistas han incidido en que “están siendo los más castigados por la crisis” y han criticado que “el Gobierno en vez de reforzar la protección social de estas personal aumentando la partida presupuestaria, ha endurecido  los requisitos de acceso  y reducido la prestación contributiva”.  Los datos demuestran la dramática realidad de miles de personas en nuestra provincia  “uno  de cada cuatro  parados cobran prestación contributiva, cuatro de cada diez  no recibe  ninguna ayuda y  el 43% de los desempleados son parados de larga duración “.

Para Fernández, “la solución no puede ser la caridad  de las organizaciones sociales, ni la solidaridad de las redes familiares. El Gobierno tal y como se define en la Constitución Española,  tiene la obligación de ejercer un papel proteccionista ante los ciudadanos, generando políticas con suficiente dotación presupuestaria que garanticen el cumplimiento del artículo 39 de la constitución, que obliga al Estado a garantizar la protección social de las personas”.

Finalmente, el sindicalista ha criticado duramente al Gobierno de la Junta de Andalucía, tras el  rechazo que mostró a la ILP de renta básica de inclusión y que no llegó ni siquiera a debatirse en el Parlamento.  Por su parte, Espinosa ha defendido la necesaria y urgente  implantación de esta prestación  de ingresos mínimos que sirva  como alternativa para paliar el aumento de personas que viven bajo el umbral de la pobreza y dignificar a los dos millones de personas que actualmente se encuentran en esta.

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