IU-Almonte condena “el silencio cómplice de la Junta” con la causa del Campo de Golf de Matalascañas

La Asamblea de IU en Almonte ha condenado “el silencio cómplice de la Junta de Andalucía respecto al caso del Campo de Golf de Matalascañas”. Para la coalición de izquierdas, “el gobierno andaluz habría colaborado doblemente en todo este proceso con un silencio cómplice, primero durante todo su proceso de compra y posteriormente con el archivo de la causa penal que el actual gobierno de Rocío Espinosa está llevando a cabo”.

“En todo este proceso la Junta de Andalucía gobernada por PSOE no ha actuado con la diligencia que como representante del interés general se le presupone. Tras conocer la compra de la sociedad Exclusivas Doñana por parte del Ayuntamiento de Almonte la  Delegación del Gobierno de la Junta inicia un proceso administrativo por el que se señalan las deficiencias e irregularidades de la compra. El primer documento fue advertía ya la irregularidad de la compra y daba un plazo al Ayuntamiento para corregir dichas deficiencias o proceder a la anulación antes del 2 de julio conforme al artículo 65 de la Ley 7/1985. Estas deficiencias fueron alegadas por el gobierno local mediante un Pleno que se celebró una vez pasado el tiempo de anulación, enviando el acuerdo a la Delegación del Gobierno que nunca contestó… Pero a realidad es que la Delegación sí contestó a dicho acuerdo de Pleno con otro documento que jamás fue enviado al Ayuntamiento pero que sí fue redactado y firmado por el jefe de servicios. Este informe que señalaba de nuevo las deficiencias de la compra -falta de documentación, informes y procedimiento legalmente establecido para dicha adquisición- e instando de nuevo a la anulación de la compra mediante un contencioso directo, no vio la luz pública hasta 2013 cuando de forma anónima fue entregado a IU.

Pero si bien desde el Ayuntamiento se decide tomar un camino lleno de irregularidades, desde la Junta de Andalucía se tendría que haber tomado con mayor diligencia la compra, toda vez que existe un informe y por tanto conocimiento de que por parte del gobierno de Almonte se pretende llevar a cabo una operación irregular. A ello tenemos que añadir que uno de esos documentos de la Delegación del Gobierno no llega al Ayuntamiento de Almonte, condicionando de forma positiva la irregular compra. Pese a la existencia y conocimiento de dicho documento la actuación del PSOE andaluz fue el de dejar hacer al entonces gobierno socialista de Francisco Bella.

Pero el silencio de la Junta se extiende ahora más allá de la adquisición de Exclusivas Doñana y entra en la causa penal abierta contra 13 cargos públicos de PSOE local, quienes fueron procesados y que estaban hasta hace poco pendiente de juicio. Se trata de una vista que no tendrá lugar por la existencia de una estrategia bien clara y definida por parte del gobierno local, centrada en el archivo y carpetazo a todas las causas penales en las que antiguos concejales del partido se encuentran implicados. Resulta curioso que la primera decisión que tomó la alcaldesa dos días después de sentarse en el sillón fue el de retirar los poderes a los abogados contratados para las múltiples causas abiertas. El que la Alcaldesa tome esta decisión no es casual, pues ella misma se encuentra implicada en otros tantos procesos de compra o contratos irregulares (Dehesas Boya y Santa María o Planta de Reciclaje de Escombros)”.

Por tanto, para IU las declaraciones del secretario de organización de PSOE andaluz Juan Cornejo “responden una vez más al silencio cómplice que la Junta de Andalucía ha mantenido en todo este proceso desde su origen”.

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