El Supremo anula una sanción a un guardia civil de Ayamonte por vulnerar su presunción de inocencia

La Sala V del Tribunal Supremo ha anulado una sanción impuesta a un guardia civil de Ayamonte al considerar que se había vulnerado la presunción de inocencia del agente, según ha informado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en un comunicado de prensa.

Los hechos se remontan al 23 de abril de 2013, cuando el capitán jefe de la Compañía de la Guardia Civil de Ayamonte emitió parte disciplinario al General Jefe de la Zona de la Guardia Civil de Andalucía respecto a cierta conducta de un guardia civil de Ayamonte, por considerarla constitutiva de falta grave.

“Toda la acusación se basaba en las declaraciones de este capitán y en una información reservada en la que también declaraba este oficial”, explican, de modo que “con estas declaraciones, sin ninguna otra prueba, se le impuso una sanción al agente, que fue recurrida por los Servicios Jurídicos de la delegación en Huelva de la AUGC ante la Dirección General, el Tribunal Militar Central y ahora al Tribunal Supremo”. La base de los recursos era siempre la misma: “con la sola declaración del oficial, sin ninguna otra prueba pericial o testifical, no podía sancionarse a dicho guardia civil”.

Una versión con la que coincide en Supremo, que afirma que “….en este caso, resulta evidente la debilidad demostrativa del testigo de referencia para sustentar, por sí solo, un pronunciamiento de condena, por la misma naturaleza de la fuente de su conocimiento, que es indirecta o mediata respecto al hecho delictivo; y, siempre, condicionada en cuanto su credibilidad depende de la que mereciera el testigo directo. Es evidente que el hecho nuclear ha devenido improbado y, en consecuencia, la conclusión obtenida por el Tribunal de instancia, valorando dichos testimonios, resulta inconsistente a los efectos sancionadores impugnados en el presente recurso. Debe, por tanto, ser estimado el primer motivo de recurso al haber sido vulnerada la presunción de inocencia con la interpretación, que el Tribunal efectúa, de los elementos probatorios en los que sustenta la imputación. Conclusión que impone la estimación del recurso”.

Desde la AUGC recuerdan que “este oficial ha abierto numerosos expedientes disciplinarios desde que está destinado en Ayamonte, habiendo quedado anulados muchos de ellos. El mismo capitán está imputado por delitos contra la integridad moral, denunciado por dos guardias civiles”.

Este capitán, continúan, “que además realizó el Curso de Comandante estando incluso imputado por dos delitos, ascenderá a comandante y seguirá con su carrera militar pese a todas las denuncias que se han presentado contra él. Así es el sistema, y aunque estemos en el año 2015 para la justicia militar la palabra de un oficial es suficiente para sancionar y perjudicar en su carrera a un guardia civil. Un guardia civil que en todo este proceso no ha podido ascender ni ha podido realizar ningún tipo de curso”.

Para finalizar, la asociación asegura que “con la sentencia del Supremo, nuevamente una actuación incorrecta por parte de un mando de la Guardia Civil, en este caso el capitán de Ayamonte, será pagada con los impuestos de todos los ciudadanos. Si la responsabilidad recayera en los que han tomado las decisiones erróneas en casos tan claro como este, serían ellos los que deberían pagar las indemnizaciones previstas. Esta es una prueba más de un sistema caduco y trasnochado, impropio del siglo XXI, donde los valores, se acreditan por las estrellas y galones y no por un sistema judicial justo e independiente”.

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