Siete jóvenes con discapacidad realizarán prácticas laborales en centros de la Junta

El delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y las asociaciones AVADI y Down Huelva renuevan su colaboración

convenio prácticas laborales jóvens discapacidadJóvenes con discapacidad de la provincia de Huelva podrán realizar un año más prácticas laborales en distintos centros y servicios dependientes de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, con la finalidad de favorecer su incorporación al mercado de trabajo.

La existencia de este programa formativo, del que se van a beneficiar siete jóvenes onubenses con discapacidad y que cumple ya su tercera edición, es posible gracias a un convenio de colaboración entre la administración andaluza y las entidades representantes del colectivo. El delegado territorial del ramo, Rafael López, y los presidentes de las asociaciones Vida Adulta de Personas con Discapacidad (AVADI) y Down Huelva, Jaime Engelmo y Aurora Chaves, respectivamente, han firmado hoy la prórroga de dicho acuerdo.

En su intervención durante el acto de renovación del convenio, López ha comentado que el desarrollo de iniciativas de este tipo “responde al compromiso de la Junta por dar respuesta de forma integral a todas las demandas de las personas que sufran alguna discapacidad, apartado en el que ocupa un lugar destacado el impulso de medidas concretas que posibiliten su integración social y laboral de una manera normalizada”.

La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales es el primer organismo público en Huelva que impulsa este programa de prácticas, que tiene un año de duración y permite a los alumnos incrementar sus habilidades desempeñando las tareas relativas a dos categorías profesionales específicas: ordenanza y auxiliar administrativo, en las que además cuentan con una formación académica previa. Su actividad se encuentra tutorizada en todo momento tanto por personal técnico de la propia delegación como de las asociaciones AVADI y Down Huelva.

Además de preparar a estas personas de cara a su incorporación a la vida activa en función de sus capacidades e intereses, esta actuación también pretende potenciar al máximo sus facultades en los distintos ámbitos y propiciar la plena normalización del colectivo a través de su participación en la sociedad y en el mundo laboral. Con ello se persigue igualmente fomentar su autonomía y responsabilidad, desarrollar aptitudes y actitudes para el trabajo y reforzar la autoestima y competencias sociales.

Nueva Ley de Discapacidad

El apoyo y la integración social de las personas con discapacidad son, desde hace años, estrategias prioritarias para la administración autonómica, tal y como se desprende de su firme apuesta por que la dimensión de la discapacidad esté cada vez más presente, desde una perspectiva transversal, en todas sus acciones de gobierno.

Según ha explicado al respecto el delegado territorial, entre las medidas que la Junta ha puesto en marcha para dar mayor visibilidad y protagonismo al colectivo, “juega un papel determinante” la próxima aprobación de la nueva Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad, que persigue ahondar en la autodeterminación, capacitación y empoderamiento de estos ciudadanos, así como en el fomento de su vida independiente, el enfoque de género y la accesibilidad a las prestaciones de forma individualizada. “Esta serie de acciones –ha enfatizado López- vuelven a situar a Andalucía una vez más a la vanguardia en el conjunto del Estado español en la aplicación de políticas sociales y de protección de los ciudadanos más vulnerables”.

La nueva norma, cuyo anteproyecto ya ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno, se encuentra adaptada a la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y tiene tres principales ejes de intervención: primar la garantía de derechos de este grupo de población más allá del enfoque asistencial, con especial atención a mujeres y menores; priorizar las políticas de empleo dirigidas a la igualdad de oportunidades; y garantizar la accesibilidad universal en sanidad, educación, vivienda, ocio, formación o servicios sociales.

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